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Mientras Eduardo Duhalde intenta eludir un posible paro del transporte –en alerta por la posibilidad de perder la ventaja del combustible más barato–, la comisión oficial encargada de revisar las privatizaciones comenzó a discutir la posibilidad de conceder un aumento de tarifas al transporte de pasajeros. El probable ajuste podría beneficiar tanto a las líneas de colectivos como a los ferrocarriles urbanos, ambos bendecidos actualmente por una subvención. Por una iniciativa de Transporte, el Fondo de Infraestructura Vial creado por el gobierno anterior hoy se prorratea entre adjudicatarios de peaje, operadores ferroviarios y autotransportistas. Pero los 35 millones de pesos que cada mes reciben estos dos últimos grupos de empresas no es suficiente para ellas. Como reclamo de mínima, los concesionarios de trenes insisten en la aplicación de una tarifa plana, que para mantener o abaratar el boleto de las últimas secciones encarecería las primeras, que concentran el grueso de los pasajeros. Los autotransportistas también aseguran que la subvención estatal no es suficiente para sostener su alicaído negocio y presionan por un ajuste, al que hasta ahora se opuso con ahínco el secretario Guillermo López del Punta, justamente, quien promovió la subvención con la que hoy se auxilia al transporte urbano de pasajeros.