Ahora Colombia quiere llevar a Ecuador a la OEA. Después de que Quito criticara a Bogotá por “asesinar” a un ecuatoriano en Ecuador, Bogotá denunció ayer que continúan los ataques armados desde territorio ecuatoriano contra colombianos. “Esta semana nos siguieron disparando contra los erradicadores de droga desde el otro lado de la frontera con Ecuador. Eso es inaceptable”, advirtió el canciller colombiano, Fernando Araújo. Por eso, anticipó que presentará la denuncia ante la OEA. El mismo funcionario se encargó también de ratificar que Franklin Aizalia, el ecuatoriano muerto en un campamento de las FARC bombardeado por Bogotá, era un guerrillero y su trabajo de cerrajero, una fachada. En Colombia, el padre de Aizalia reconoció el cadáver de su hijo y dijo que por ahora no demandará al país agresor.

Esta vez fue el canciller colombiano el que denunció a la otra parte por los presuntos ataques que sufrirían los erradicadores manuales de los cultivos de coca desde Ecuador. El ministro anunció que recurrirá a la OEA, justo cuando Quito pretende hacer lo mismo luego de que Colombia bombardeara a principios de marzo la frontera de Ecuador, matando a un ecuatoriano y cerca de 25 guerrilleros.

En tanto, el padre de Franklin Aizalia identificó ayer formalmente el cuerpo de su hijo. “Por ahora no hemos pensado en demandar a Colombia; lo único que nos importa es recuperar el cadáver de mi hijo”, dijo Guillermo Aizalia. El hombre afirmó que desconoce por qué su hijo estaba en el campamento y aseguró que llevará hasta las últimas instancias la investigación.

Por otra parte, el gobierno colombiano aseguró que está dispuesto a quitarles el calificativo de terroristas a las FARC y al ELN si abandonan la violencia y negocian una paz seria. “Creemos que el carácter de terrorista desaparece en el preciso momento en que se decide abandonar la violencia”, señaló el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. En un revival de la teoría argentina de los dos demonios, Restrepo prometió darle a la guerrilla los mismos derechos que a los paramilitares, acusados de perpetrar masacres y ser financiados por empresarios.