Hugo Chávez reformó el aparato de inteligencia venezolano ante la sorpresa y el enojo de opositores, jueces y abogados. Es la primera ley nacional de inteligencia que tiene el país y, según el gobierno, intenta reglar y transparentar las dos tradicionales instituciones, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), que quedaron teñidas de duda después del fallido golpe de Estado de 2002. Pero para sus detractores, la nueva ley sólo amplía el poder de los servicios de espionaje. A partir de ahora, cualquier persona, física o jurídica, está obligada a cooperar y entregar información si se lo piden. “Estamos dando un paso hacia la creación de una sociedad de informantes”, advirtió esta semana Blanca Rosa Mármol de León, jueza del Tribunal Superior de Justicia.

La nueva ley cayó como una bomba. La última vez que el mandatario venezolano había intentado crear un sistema nacional de inteligencia fue en 2000, pero la oposición cajoneó su proyecto en el Congreso. Ahora, gracias a los superpoderes que le dio la Asamblea Nacional y que expiran el mes próximo, Chávez pudo aprobarla por decreto, con más prerrogativas y sin consultar a la oposición. El centro de las críticas es su artículo 16. “Son órganos de apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, las personas naturales y jurídicas, de derecho público y privado, nacionales y extranjeras, así como los órganos y entes de la administración pública nacional, estadual, municipal, las redes sociales, organizaciones de participación popular y comunidades organizadas, cuando le sea solicitada”, dice el texto. Quienes se nieguen a prestar sus servicios a los organismos de inteligencia enfrentarán penas de dos a cuatro años de prisión para los ciudadanos comunes y de cuatro a seis, para los funcionarios y empleados estatales.

En palabras de Ramón Rodríguez Chacín, el ministro del Interior y Justicia que presentó la ley, el “proceso revolucionario” venezolano demanda cada vez más de sus ciudadanos. “Estamos hablando de la responsabilidad de todos los venezolanos con la seguridad del Estado y la solución de cualquier crimen”, explicó. Ayer en diálogo telefónico con PáginaI12, uno de sus asesores que colaboró en la redacción de la ley aseguró que esta responsabilidad cívica no es nueva. “Es sólo una derivación del artículo de la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, que aprobó en 2002 la Asamblea Nacional, con la presencia de la oposición”, explicó el mayor Menry Fernández.

Según esta norma, todos los venezolanos deben entregar al Estado cualquier información que afecte la seguridad, defensa y el desarrollo de la Nación. “Se sobreentiende que la nueva ley de inteligencia se refiere sólo a los temas que afecten estas temáticas”, aclaró. Por eso, explicó el funcionario, la ley no detalla las limitaciones de los organismos de inteligencia. En la ley argentina, por ejemplo, se establece que nadie podrá violar o acceder a información privada, excepto en el caso de que medie una orden judicial. Asimismo, la norma argentina prohíbe que personas, físicas o jurídicas, externas a los organismos de inteligencia, participen en actividades de inteligencia.

Este último es el miedo de la oposición, algunas organizaciones civiles y los principales grupos de abogados de Caracas, que esta semana salieron a protestar por lo que consideran un “genocidio judicial”. “Cualquier actividad de la sociedad es o puede ser sospechosa de atentar contra la seguridad de la nación”, denunció Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el abogado caraqueño el principal peligro es que se crea el fantasma del delator anónimo.

Desde Estados Unidos, Human Rights Watch y The New York Times coincidieron con Nikken. “La nueva ley tiene influencias de Cuba”, opinó el matutino neoyorquino el martes pasado, comparando el artículo 16 con los Comité de Defensa de la Revolución, creados por Fidel Castro en la década del ’60 para infiltrar los barrios y descubrir los supuestos planes desestabilizadores contra el gobierno cubano.

En aquellos años, terroristas anticastristas financiados por la CIA, como Luis Posada Carriles, habían colocado bombas en La Habana y habían atentado contra ciudadanos cubanos en los países vecinos, entre ellos Venezuela. Pero con el tiempo, según organizaciones de derechos humanos, algunos comités cubanos no se limitaron a delatar a los terroristas, sino también a homosexuales y dirigentes opositores.

Aunque el gobierno venezolano rechazó la analogía, repitió el argumento que había utilizado Castro en los sesenta. “Tenemos que adelantarnos a las injerencias de Estados Unidos”, había dicho el presidente cuando firmó el decreto hace dos miércoles. “Nadie puede negar que a partir del golpe de Estado de 2002 las cosas cambiaron para el gobierno”, explicó Fernández.