La cárcel le duró poco al pariente del presidente colombiano. Mario, el primo y estrecho colaborador de Alvaro Uribe, iba a cumplir mañana cuatro meses tras las rejas por sus presuntos vínculos con los paramilitares, pero la Fiscalía General colombiana ordenó ayer su excarcelación. Según declaró el vicefiscal general Guillermo Mendoza, las pruebas no eran suficientes para mantenerlo detenido. Pero en abril, la Corte Suprema se había basado en exactamente las mismas pruebas para ordenar la detención.

El tironeo legal por la suerte del primo Mario es la última escaramuza en la prolongada y desgastante batalla entre el presidente y la Corte, que lo critica por no respetar el orden legal, crítica que se suma a la de organismos de derechos humanos por bombardear territorio ecuatoriano y valerse de emblemas de la Cruz Roja.

Las investigaciones de la Corte Suprema por la llamada parapolítica lograron sacar a cerca de un tercio del Congreso, tumbar a la ex canciller María Consuelo Araújo (su padre y su hermano están siendo enjuiciados) y teñir de sospecha al círculo íntimo del presidente Uribe. “Tuvo su precio”, reconoció Ramiro Bejarano, uno de los abogados del ex presidente de la Corte, Cesar Julio Valencia, en el juicio que le inició Uribe por injurias y calumnias.

En enero pasado Valencia denunció que el mandatario lo había llamado por teléfono desde Washington para comunicar su molestia por el llamado a indagatoria de su primo. “La Corte y Uribe no tenían una relación fluida. Uribe la quería arrinconar e imponer su ley. Pero con el juicio la cosa empeoró”, le explicó a PáginaI12 el abogado y ex director del DAS, el principal organismo de inteligencia colombiano. En mayo el presidente extraditó a Estados Unidos a los 14 jefes paramilitares más importantes sin avisarles a la Corte, a los abogados defensores o a la Fiscalía. Nadie se quejó, excepto el máximo tribunal. Recién la semana pasada el gobierno contestó una carta de los jueces que pedían explicación. No se sabe exactamente cuál fue la explicación del gobierno, pero una fuente cercana a la Corte confió a este diario que no convenció a los jueces.

Al mismo tiempo, el gobierno lanzó una nueva ofensiva contra la Corte, en forma de reforma judicial. “La Corte está avanzando en un proceso que compromete a amigos del presidente. Esa es la razón de ser de la reforma judicial que el gobierno quiere imponer”, aseguró Bejarano. Entre los cambios propuestos se destaca el de quitarle la potestad a la Corte de investigar a los legisladores. Ante el peligro de una aprobación rápida en el Congreso de mayoría uribista, la semana pasada la Corte advirtió que pedirá ayuda a un tribunal internacional. “Todos sabemos que en la ONU hay organismos para garantizar la independencia de los poderes judiciales en todo el universo”, señaló el juez Jaime Arrubla. El fiscal de la Corte de La Haya, Luis Moreno Ocampo, visitará el país en los próximos días.

La libertad condicional de Mario, el primo de Alvaro Uribe, sólo crispó más los ánimos en Colombia. “Los parapolíticos están encontrando impunidad y absolución en la Fiscalía”, advirtió Claudia López, la investigadora que destapó los vínculos entre la dirigencia política más conservadora y los grupos paramilitares hace dos años. El vocero de la Fiscalía, Rodrigo Barrera, defendió la actuación de la institución y rechazó ser un apéndice del gobierno. “El vicefiscal no rechazó los dos testimonios de los paramilitares; simplemente creyó que no justificaban el arresto”, dijo Barrera.

Los testimonios pertenecen a los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Jairo Castillo, alias Pitirri. Los dos son testigos clave en investigaciones contra senadores, diputados, gobernadores y alcaldes, y en todos ellos sus denuncias fueron aceptadas como pruebas. Desde Canadá, donde pidió refugio para cooperar con la Justicia colombiana, Pitirri acusó ayer a la Fiscalía de haber tomado una decisión política. “Lo que está demostrado aquí es que seguimos con la misma estrategia. Era de esperarse del primo del presidente”, dijo el paramilitar. Mancuso, en cambio, no pudo comentar. Hace tres meses el presidente Uribe lo extraditó una noche, sin avisar a nadie, a Estados Unidos, donde está detenido a la espera de una condena por narcotráfico.

En todos los procesos contra legisladores, la evolución es la misma. La Corte Suprema los empieza a investigar, los llama a indagatoria y a veces, como con Uribe, consigue suficientes pruebas para detenerlos. Para esta altura, el legislador se da cuenta de que su situación judicial no se resolverá fácilmente y renuncia a su banca en el Congreso. Fuera del cargo, la Corte no puede seguir procesándolo y tiene que entregar el caso a la Fiscalía General de la Nación. Mientras las decisiones de la Corte son inapelables, en la Justicia ordinaria los condenados pueden recurrir a los tribunales de segunda instancia y ganar valiosos años.

“Me preocupa la muy débil calidad de la investigación de la Fiscalía que no está haciendo un trabajo serio e importante, como sí lo está haciendo la Corte”, opinó la investigadora López. El de Montes no es un caso aislado. Ya van media docena este año. El primer absuelto de este escándalo, que ya alcanzó a más de 70 legisladores y otro tantos gobernadores, alcaldes y concejales, fue el ex senador oficialista Jairo Merlano hace dos meses, también por falta de pruebas.