El bloque kirchnerista en Diputados acordó con el bloque del SI, que conduce Eduardo Macaluse, y con Claudio Lozano (Proyecto Sur), incluir más modificaciones en el proyecto oficial para la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. El oficialismo se comprometió a dejar establecido que el Estado siempre mantendrá la mayoría accionaria de las empresas y que la tasación para la compra de las acciones se realizará tomando como base los valores a la fecha de la intervención, algo que echa por tierra el sistema de valuación presentado en el acta-acuerdo. De esta manera, ambos bloques –que en su momento votaron en contra de la Resolución 125– decidieron acompañar el dictamen del oficialismo, que hoy se votará en el recinto. Por su parte, la oposición (UCR, PRO, CC y Frejuli) presentará su propio proyecto, solicitando la quiebra de las compañías y la creación de una nueva aerolínea de bandera.

“Acá lo que estamos haciendo, virtualmente, es una expropiación, pero sin decirlo”, le susurró Alejandro Rossi (FpV) a Carlos Raimundi (SI). La frase pronunciada en medio de la sesión de las comisiones de Presupuesto y Transporte tenía por objetivo convencer al bloque del SI de que los cambios introducidos por el oficialismo al proyecto de reestatización de Aerolíneas (eliminación del Acta Acuerdo y del artículo 6 que permitía la reprivatización de la empresa, sumado a la aclaración de que el precio de la compraventa lo fija solamente el Congreso), dejaban casi sin capacidad de negociación al grupo Marsans.

Horas antes del plenario de las comisiones, el SI, junto a Lozano, tenían redactado un borrador de lo que iba a ser su dictamen en minoría. Dentro de sus reclamos, solicitaban que la “tasación de las compañías se realizara tomando como base los valores a la fecha de la intervención (16 de junio)” y que el Estado argentino, en ningún caso, cediera la mayoría accionaria. También reclamaban el compromiso del Gobierno para presentarse en todas las causas judiciales abiertas contra Marsans tanto en el país como en el exterior. La negociación entre el oficialismo y el SI se dio en medio del plenario.

Mientras los diferentes legisladores iban explicando sus posiciones en contra del proyecto del Ejecutivo, Raimundi y Lozano intercambiaban opiniones con Rossi, y la secretaria parlamentaria del bloque K, Patricia Fadel. Al momento de firmar el dictamen de la mayoría, Fadel les prometió a Lozano y Raimundi incluir sus reclamos durante la discusión parlamentaria de hoy. De esta manera, con el apoyo de estos dos bloques, más algunos justicialistas disidentes, el oficialismo logró un respiro frente a la votación de hoy.

“Es otra cosa, es otro proyecto. Así como está, es muy difícil no acompañar. Los cambios son buenos, pero ¿cómo combinás lo que dice el texto de los fundamentos, con el proyecto de ley y el Acta Acuerdo?”, señaló a PáginaI12 Graciela Camaño, una de las justicialistas disidentes. Si bien la diputada se mostró conciliadora con la propuesta del oficialismo, puso la lupa sobre algunos puntos que serán retomados por la oposición, como por ejemplo la validez (o no) del Acta Acuerdo. “El acta contiene cláusulas lesivas para el interés público. No es suficiente que se borre del proyecto de ley”, reclamó el radical Alejandro Nieva.

Como eje de su estrategia, el oficialismo decidió quitar del medio la ratificación de la Acta Acuerdo firmado entre Marsans y Ricardo Jaime, secretario de Transporte. Y especificó que serán el Tribunal de Tasación y el Congreso los que resuelvan el valor de la empresa, para su posterior compra. Con la incorporación de la fecha de corte para realizar la valuación –como propuesta del SI–, el Estado deja de lado la fórmula de valuación establecida en el Acta Acuerdo (flujos de fondos futuros).

“El Acuerdo fue un atajo para avanzar sobre la empresa, por una necesidad puntual que se dio a principios de junio. El Tribunal de Tasación ya nos adelantó, en una primera mirada que hicieron, que el valor de Aerolíneas será negativo”, aseguró a PáginaI12 un diputado del oficialismo. Esta visión coincide que con lo expresado por Lozano: “Al momento de la intervención, el flujo de fondos de AA era negativo. Por lo tanto, la empresa ya debería ser del Estado”.

El nuevo proyecto del oficialismo incluye en su artículo 6 que los aportes realizados por el Estado (295 millones de pesos entre junio y agosto y otros 364 millones que se desembolsarán entre agosto y septiembre) podrán computarse como aportes de capital o créditos a favor del Estado, punto que fue criticado por la oposición.

“¿Por qué se le darán créditos al grupo Marsans, si está en concurso y en cesación de pagos? Si la empresa no puede pagar los sueldos de sus empleados, ¿cómo van a devolverle la plata al Estado?”, señaló Esteban Bullrich (PRO). Algunos justicialistas, como Camaño, tomaron nota de este comentario. Por su parte, Rossi explicó que se dejó abierta la posibilidad de que los aportes del Gobierno fueran considerados como créditos, por si Marsans decidiera no vender la empresa. Algo poco probable, ya que los españoles están más que interesados en dejar el país.

–¿Qué gana Marsans con este nuevo proyecto de ley? –preguntó este diario a una alta fuente del bloque K.

–Qué más quieren, se sacan la deuda de encima. Salen hechos –respondió la fuente.

El tema de la deuda es algo que sonará fuerte durante el debate parlamentario. La oposición –que al cierre de esta edición no había presentado su proyecto– denunciará en el recinto que el Gobierno “comprará la deuda de Aerolíneas y que se debería rechazar explícitamente el Acta Acuerdo”. Además, pedirán que el Estado sólo pueda aportar al salvataje de las compañías un máximo de 600 millones de pesos.

En el caso de que los españoles “salgan hechos”, como dicen desde el oficialismo, igual podrían reclamar algún pago por medio de la deuda, ya que en 2001 subrogaron varios créditos con el dinero que les dio la Sepi, lo que los colocó como acreedores virtuales de su propia empresa. “Todos los manejos dolosos de Marsans serán denunciados por la Bicameral”, aseveró a este diario Mariano West (FpV).