Desde Neuquén

Con un millar de personas en la calle y reclamos de cárcel perpetua y efectiva colándose por las ventanas, ayer comenzó en el Tribunal Oral Federal de Neuquén el primer juicio por delitos de lesa humanidad del Sur argentino. La audiencia incluyó la lectura de los requerimientos de elevación de querellantes y fiscales más la parte resolutiva que dispuso el juez federal Guillermo Labate. La mala nueva del día fue el mensaje mafioso que recibió la abogada Ivana del Bianco, del Ceprodh. El martes a la noche desconocidos ingresaron a su casa, robaron su computadora personal, dieron vuelta todos los cajones, encontraron 500 pesos, pero los dejaron sobre la cama para que nadie los confunda con ladrones comunes. Hoy los defensores formularán sus clásicos planteos dilatorios y los ocho imputados podrán declarar o mantener el pacto de silencio, que no será usado en su contra.

Los represores llegaron minutos antes de 7.30. El sol no había asomado, el frío penetraba. La bienvenida corrió por cuenta de una veintena de militantes de Hijos. “Como a los nazis / les va a pasar / a donde vayan los iremos a buscar”, entonaron a coro. Del celular bajaron rápido, con chalecos antibalas, varios con boinas de abuelito, custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Antes de las 9 entraron a la sala, uno a uno y con esposas, que les quitaron frente a fotógrafos y camarógrafos. Los penitenciarios cerraron las ventanas, sin suerte: los tambores sonaban cada vez más fuerte. “No hubo errores / no hubo excesos / son todos asesinos los milicos del proceso”, cantaban abajo.

La calle era una fiesta: un pañuelo gigante de Madres de Plaza de Mayo, fotos de los imputados antes de sus indagatorias, rostros en blanco y negro de desaparecidos locales, cada uno con una breve historia personal, e infinidad de banderas, entre otras de CTA, Federación Universitaria del Comahue, ATEN, cerámicas Del Valle y Zanon, PTS, Movimiento Sur y Convergencia Socialista. Una mujer paseaba una pancarta con la cara de monseñor Jaime de Nevares. “En los corazones de los que no aflojan”, decía.

Cuando los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu (subrogante, de General Roca) terminaron de acomodarse, la abogada Del Bianco pidió la palabra. “Anoche en mi domicilio hubo un robo bastante sospechoso. Se llevaron una computadora, dieron vuelta todos los cajones, encontraron 500 pesos, pero los dejaron a la vista, sobre la cama. Hicimos la denuncia, pero queremos decirlo en esta sala porque no lo desvinculamos del juicio”, explicó. Vale recordar que la causa tiene tres prófugos: el capitán Jorge Di Pascuale, que integraba el Destacamento de Inteligencia 182 igual que cuatro de los imputados, y dos policías de la provincia de Río Negro: Héctor Mendoza y Saturnino Martínez.

Del Bianco planteó que la continuidad de un juicio histórico para la Patagonia en una sala ínfima, no apta para claustrofóbicos, “es otro modo de mantener el tema oculto y de vulnerar el principio de publicidad”. Ayer el tribunal rechazó formalmente la propuesta de las querellas de desarrollar las audiencias en la sala cultural Conrado Villegas. La argumentación de Sus Señorías fue contundente: “Es facultad ordenatoria propia del tribunal”.

Si Jesucristo hablara

Antes de la lectura de los pedidos de elevaciones, el presidente del tribunal, Orlando Coscia, solicitó a los imputados que se identificaran. A diferencia de los cordobeses, aquí no respetaron jerarquías. Desde la izquierda, detrás de los nueve abogados encargados de defenderlos, se ubicaron el coronel Mario Gómez Arenas, el mayor Luis Farías Barrera, los coroneles Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra, el sargento Francisco Oviedo, el general de brigada Enrique Braulio Olea y el coronel médico Hilarión de la Paz Sosa. En segunda fila, solitario, el coronel Oscar Lorenzo Reinhold. Contra la pared, una hilera de penitenciarios con revólveres a mano, tal vez para justificar los chalecos antibalas de los represores. Sobre sus cabezas, sin chance de objetar su ubicación en la sala, un pequeño Jesucristo crucificado.

La lectura, a cargo de la secretaria del tribunal María Julieta Cesano de Caunedo, comenzó por el pedido de elevación a juicio de los fiscales José María Darquier y su adjunta María Cristina Beute, noventa páginas con relatos de secuestros, robos, vejaciones, simulacros de fusilamientos e interrogatorios a cargo de celebridades como Raúl Guglielminetti. Las reacciones de los imputados fueron dispares. Gómez Arena, ex jefe del Destacamento 182 con base en La Escuelita, no logró controlar su tic nervioso: durante horas guiñó ambos ojos. Farías Barrera, ex jefe de personal de la Brigada de Infantería de Montaña VI, ladino y apocado en el recuerdo de los familiares que hace tres décadas le rogaban por sus desaparecidos, puchereó hasta que el sueño lo venció. El Laucha, como lo apodan sus camaradas, tiene 78 años. El general Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros 181, fue el único que tomó apuntes. Reinhold, ex jefe de inteligencia de la Brigada, permaneció inmutable.

El escrito suscripto por las abogadas de la Asamblea por los Derechos Humanos Nerea Monte y María Suárez explicó que los represores invocaron ser “guardianes de la civilización occidental y cristiana” para cometer sus crímenes, destacó que “el descreimiento de la Justicia” fue funcional a la impunidad y recordó el rol “de los sacerdotes para el ablande de los detenidos”. El organismo comparó la masacre argentina con los genocidios nazi y armenio y con la matanza de Ruanda en 1994 y pidió “llamar por su nombre a fenómenos que registran similitudes que deben ser reconocidas”. Farías Barrera se durmió abrazado al texto de la APDH.

El Ceprodh, representado por Del Bianco y Romina Sckmunck, destacó que los represores “eran fungibles” dentro de “una estructura de poder” y tenían “plena conciencia de desarrollar acciones criminales”. Recordó que el TOF de La Plata “reconoció la existencia jurídica del genocidio”, citó al sociólogo Daniel Feierstein para argumentar que la dictadura “se propuso eliminar una fracción de la sociedad” y que los delitos de cada represor se cometieron “con la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional y en consecuencia forman parte del genocidio ocurrido en la Argentina entre 1976 y 1983”.

Hoy y si es necesario mañana tendrán la palabra imputados y defensores. El lunes comenzarán las testimoniales: declararán la presidenta de APDH, Noemí Labrune, la abogada Mirta Mántaras, el sacerdote Rubén Capitanio y el ex juez federal Rodolfo Rivarola, actores centrales del proceso judicial en la Patagonia hasta la sanción de las leyes de impunidad.