Desde París

Las distancias ideológicas no traban la solidaridad europea. El presidente francés, elegido con un programa liberal conservador, respaldó hasta el límite de lo posible a la España socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para que Madrid esté presente en la cumbre que el próximo 15 de noviembre reúne en Washington al G-8 (las grandes economías del mundo) y a los países emergentes (el G-20). Los dirigentes europeos se reunieron ayer en Bruselas a pactar una posición común sobre la reforma del sistema financiero internacional. Sarkozy anunció en Bruselas dos cosas: una, que Europa irá a Washington “con una posición común” y con la “voluntad de defender la transparencia y la refundación” del sistema financiero. El segundo anuncio de Sarkozy fue aclarar que no veía por qué razón España, que es la octava economía del mundo, no estaría presente en la cumbre. Zapatero quería ir a toda costa y Sarkozy lo apoyó desde el principio. Para ello, el francés cedió a España uno de los dos puestos a los que tiene derecho por ser presidente de un país del G-7 y presidente de turno de la Unión Europea.

La silla que deja libre Sarkozy permite a España integrar una cumbre en la que su presencia no estaba prevista. Bush tendrá tal vez que aceptar un invitado sorpresa a quien no tenía ni la más lejana intención de recibir. Sarkozy explicó en Bruselas que la decisión no la tomaba él solo, que la aceptación final de invitar o no a España le correspondía a Bush y que él mismo había “defendido este argumento” en sus diálogos con la Casa Blanca. Washington salió al paso diciendo que no tenía “un problema con España en general” y que acataría lo que la UE decidiera. Si es así, la decisión está tomada.

El tire y afloje por España se parece a una de esas películas cómicas donde un personaje hace lo posible para entrar en una fiesta exclusiva. Lúcido, Sarkozy también señaló en Bruselas que una nutrida participación europea en la cumbre abriría la caja de Pandora. La iniciativa de la cumbre de Washington fue del primer ministro británico, Gordon Brown. Fue él quien propuso una reunión del G-20, ya que tenía un perfil altamente representativo de los grados de desarrollo y de la población humana. Lo que se perfila en el horizonte es una inflación de cumbres y un montón de países que quieren ocupar una silla. España, por ejemplo, aprobó la declaración final de la cumbre iberoamericana celebrada en San Salvador, en la que figura una propuesta de Venezuela que apunta a que se celebre una conferencia financiera internacional bajo mandato de la ONU. De esta forma, puede que el mundo presencie en los próximos tres meses tres grandes cumbres. Una es la del G-20. La otra sería un eslabón complementario de la primera, ya que los europeos van a proponer que, luego de la cumbre del G-20, se celebre otra consagrada a la refundación del sistema financiero una vez que haya asumido el nuevo presidente norteamericano, Barack Obama. La tercera sería la que propuso Venezuela. Más que por el contenido, los continentes entraron en una puja por participar o no en las cumbres. Desde ya, Asia se opone con argumentadas razones a la presencia de España en Washington.

A estos tironeos se agregan otros mucho más graves, como las disonancias en la UE sobre lo que hay que decir en Washington el 15 de noviembre. A los argumentos voluntaristas de Sarkozy sobre la “posición común” de Europa, el premier checo Mirek Topolanek antepuso la prudencia diciendo que Sarkozy tenía “un mandato vago”. Los europeos llevan un mandato informal resumido en un documento de cinco páginas. La UE pide que ninguna institución financiera y ningún segmento del mercado escapen a una regulación “proporcional y adecuada”. Eso apunta específicamente a reforzar el control sobre las agencias de calificación, los fondos especulativos y los centros financieros “no cooperativos”. Los 27 aseguran que los dispositivos que incitan a tomar riesgos excesivos deben ser “revisados”, lo que se refiere a esos productos indigestos que inflaron la burbuja especulativa y precipitaron la crisis hipotecaria. La UE quiere que los grandes grupos financieros estén “bajo supervisión” y que el FMI desempeñe un papel “central en una arquitectura financiera más eficaz”.