Mié 23.10.2002

EL MUNDO  › EL GOBIERNO CONTROLA LA SITUACION EN LOS CUARTELES Y EN LAS CALLES

El fantasma del golpe volvió a Venezuela

Un día después de un paro de 12 horas convocado por la oposición y en un clima de marchas y contramarchas, 14 militares llamaron a la desobediencia civil y militar para derrocar a Hugo Chávez. Pero apenas consiguieron reunir 2000 personas en una plaza.

La sede de la rebelión no era un cuartel, sino una plaza del este de Caracas. Los rebeldes no disponían de mando de tropa. No se rebelaron luego de una manifestación o un paro, como ocurriera en los últimos días. Las calles no fueron tomadas por multitudes enardecidas al grito de “¡Fuera Chávez!”. Pero el canciller venezolano Roy Chaderton no dudó en decir que se trataba de “un nuevo intento golpista” y el espectro del 11 de abril se posó por unos minutos sobre Caracas. Unos 14 militares en actividad, enjuiciados por el golpe del 11 de abril, proclamaron por la cadena privada de televisión Globovisión que desconocían la autoridad de Hugo Chávez, llamando a “las Fuerzas Armadas a sumarse para que Chávez renuncie” y a la población en general a reunirse en la Plaza Altamira, “territorio liberado para la rebelión”. Hacia allí fueron después, para encontrarse con unas 2000 personas cuya mayor utilidad para la causa opositora fue sumarse a la firma del petitorio para convocar a una consulta sobre la permanencia de Chávez. Por lo demás, por lo menos hasta ahora, el intento de golpe, si existió, no pasó de ser una bravata.
El general del Ejército Enrique Medina Gómez, acompañado de otros militares de la Armada y la Fuerza Aérea, leyó ante las cámaras la declaración. “Nos declaramos en desobediencia legítima y desconocemos al régimen actual. Hacemos un llamado a todos los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional a que nos acompañen en esta misión. Convocamos a la sociedad civil y al pueblo a que se declare en desobediencia civil. Exigimos la renuncia inmediata del presidente de la República y la relegitimación de los poderes públicos”. ¿El motivo? “Exhortamos a la tropa, suboficiales, cadetes, oficiales subalternos, oficiales superiores, generales y almirantes a cumplir con la obligación que les impone el artículo 350 de la Constitución.”
Dicho artículo de la Constitución bolivariana, la niña mimada de Chávez, dice que “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”. Luego, el general del Ejército Néstor González llamó a sus compañeros de armas a no permanecer “pasivos ante la falta de respeto a la institución”. Advirtió que “no podemos dejar que un grupo de nosotros defienda la institución mientras los demás permanecen callados. Cuando algunos reaccionen será tarde, habrán perdido la esperanza y estarán sumergidos en una Cuba venezolana”.
De todos a los que llamaron Medina Gómez y González a rebelarse, sólo acudió el joven capitán de la militarizada Guardia Nacional Leonardo Carrero, con su uniforme. A las hora y media del llamado a la rebelión, el vicepresidente José Vicente Rangel le decía a la cadena norteamericana CNN que “hemos tomado contacto con los mandos de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Nacional y coinciden en rechazar la actitud de esos militares”. El general Raúl Baduel, comandante de la poderosa IV división del Ejército de Maracay y pilar de la restauración de Chávez tras el golpe de Estado en abril, dijo que tenía instrucciones de “estar alerta” tras la declaración de los generales rebeldes. El conteo golpista, al menos en la pata militar, estaba fallando. Rangel dijo que dejarían que estos militares se manifestaran hasta que se cansen, luego de que el fiscal general, Isaías Rodríguez, anunciara que ya había acciones legales en marcha contra ellos.
En cuanto al conteo civil, el clima en estos días en Venezuela se asemeja al del 11 de abril, pero no tanto. El jueves 10, la oposición nucleada en la Coordinadora Democrática alcanzó a reunir un millón de personas en las calles de Caracas reclamando la renuncia de Chávez. La respuesta del presidente fue otra marcha, de poco más de un millón de personas, que recorrió 16 kilómetros de la capital venezolana. El último acto de esta guerra de marchas y paros fue la huelga de 12 horas deanteayer, convocada por Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), gremiales empresariales y sindicales respectivamente, que decidieron no continuarla y apostar a la recolección de firmas para la consulta popular contra Chávez organizada por la Coordinadora Democrática, en la que participan junto a algunos partidos políticos. Las 2000 personas que se acercaron ayer por la noche a la Plaza Altamira distaban de recrear el clima de megamanifestación que se dio el 11 de abril antes de que el entonces titular de Fedecámaras, Pedro Carmona, liderara el golpe de Estado.
Así las cosas, queda por responder si se trató de un intento golpista, de una interna militar, o de una forma de presión de estos militares para conseguir algo. Las fuentes en Venezuela consultadas por este diario indican que se trataría de esto último: Medina Gómez y los militares que lo acompañaron estarían en la lista de los oficiales que Chávez dará de baja próximamente. El fin de semana, Manuel Rosendo y Hernán Rojas, sufrieron esta medida. Enjuiciados por la intentona del 11 de abril, fuera de sus fuerzas, estos oficiales podrían estar buscando algún lugar simbólico que los colocara como adalides de una oposición que aún es fuerte pero que muestra signos de fractura. O que al menos carece de un liderazgo, de una o más personas, que transformen el clima de tensión existente en una amenaza más seria a la permanencia de Chávez en el poder.
Ya cerca de las 22 horas de Caracas, el ministro de Defensa José Luis Prieto leyó una declaración en cadena nacional en la que las Fuerzas Armadas “declaran apego irreversible a la Constitución”. Rodeado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Prieto dijo que “tratar de desconocer un gobierno legal, legítimo y soberano, es colocarse fuera del orden constitucional y ello puede acarrear responsabilidades penales que todos lamentaríamos”. El espectro del 11 de abril no se materializó.

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