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La cárcel de Guantánamo no será fácil de cerrar. Esa es la conclusión a la que llegaron los hombres de Barack Obama cuando empezaron a revisar los archivos de los 245 prisioneros y se dieron cuenta de que ningún expediente estaba completo, las evidencias de los casos estaban traspapeladas y nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba la información faltante. Fuentes del gobierno norteamericano confiaron a The Washington Post que ponerse al día con todo el papelerío podría tomarles meses. El jueves pasado Obama le dio un plazo de seis meses a un grupo de trabajo, compuesto por funcionarios del Departamento de Justicia, del Pentágono y de los servicios de inteligencia, para analizar el caso de cada prisionero y determinar si debe ser liberado o trasladado a una cárcel estadounidense o extranjera.

Consultados por el diario estadounidense, funcionarios del gobierno de George Bush hijo trasladaron la culpa a la CIA y las otras agencias de inteligencia. Según sostuvieron, cada vez que querían armar un caso para llevar a juicio a uno de los detenidos, ellas se negaban a entregar toda la información. Ahora tanto la CIA como el Pentágono dicen estar dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario. Pero lo cierto es que el daño ya esta hecho.

De los 245 prisioneros que hace años que están en Guantánamo, apenas 60 fueron aprobados por el anterior gobierno para ser trasladados. Ellos son dirigentes importantes de Al Qaida o de las milicias talibán. El resto, 185, no tienen un perfil claro, según confiaron los funcionarios al Post. Por eso, el equipo de expertos tendrá que darle la mala noticia a Obama de que el plazo de seis meses es imposible de cumplir.

El equipo de trabajo no sólo debe reunir toda la información de los 245 prisioneros, sino que una vez que logró rastrear en más de una decena de agencias los datos, tiene que analizarlos y tomar una decisión. Hay tres categorías posibles. La primera, los que resulten inocentes y sean liberados de inmediato. La segunda, los que tengan algún vínculo con organizaciones terroristas, pero que estén bajo la jurisdicción de otro país. Estos serán trasladados, por ejemplo, a Europa.

La tercera categoría es la que generará más controversia. Aquellos prisioneros considerados demasiado peligrosos como para ser transferidos, aunque no existan suficientes pruebas legítimas y contundentes. Para ellos el grupo de trabajo deberá encontrar –o inventar– algún método jurídico para mantenerlos bajo custodia estadounidense.