La defensa del ex mano derecha de Pinochet, Manuel Contreras, condenado a más de 300 años de prisión por diversos crímenes, presentó ayer una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿La razón?, la presunta violación de los derechos de Contreras en los juicios en su contra. Los familiares de víctimas de la dictadura reaccionaron de inmediato. “Es una burla”, dijo Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El abogado del ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta), Javier Gómez, confirmó ayer que remitió un correo electrónico a la CIDH para solicitar la libertad inmediata del represor o la adopción de medidas cautelares, como el arresto domiciliario. “No se han respetado las garantías básicas que da la Convención Interamericana de Derechos Humanos para toda persona que se somete a juicio”, señaló Gómez. ¿Cómo es posible que el violador de los derechos humanos más grande que conoce la historia reciente de Chile recurra a la CIDH? Según su defensor, esto tiene su explicación en la Constitución Política. “Don Manuel, al ser una persona, tiene derechos humanos de manera inherente, lo que está reconocido por la Carta Fundamental y también por la Convención Americana. Desconocer eso sería una abierta discriminación en su contra”, dijo Gómez, convencido. El recurso señala que se estaría violando una veintena de garantías de Contreras, según alega, quien acusa además a seis jueces de fuero, entre ellos los ministros Víctor Montiglio y Alejandro Solís Muñoz, de dictar condenas “arbitrarias” en contra de sus defendidos.

El objetivo de esta insólita acción judicial, admite el propio Gómez, es conseguir la nulidad de todos los juicios inquisitivos a los que se ha sometido a Manuel Contreras, que se decrete su libertad y que cualquier juicio que se inicie en contra de él se haga por el nuevo procedimiento. Por eso pide la paralización de los procesos no ejecutoriados, que serían alrededor de 250, y su libertad inmediata o que, en caso de que ésta sea rechazada, se le otorgue en subsidio el arresto domiciliario.

La reacción de los familiares de víctimas de la dictadura no se hizo esperar. “Es de una inmoralidad incalificable el que presente una demanda. Que el violador de derechos humanos más grande de nuestra historia recurra a una instancia que les corresponde a las víctimas del terrorismo de Estado me parece que es simplemente incalificable”, manifestó Mireya García.

En tanto, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, consideró la petición como una “maniobra distractiva” y una “pataleta” y calificó a Contreras y a Augusto Pinochet como “los iniciadores de los feminicidios” en alusión al Día de la Mujer.

Añadió que Contreras “ha tenido todas las garantías que a todas las personas le entrega un Estado de derecho democrático” y lo acusó de eludir a la Justicia pese a ser “uno de los que más responsabilidad tiene” en la desaparición de centenares de personas.

El ex jefe de la DINA, de 79 años, suma numerosas condenas, entre ellas dos cadenas perpetuas por los crímenes que cometió mientras estuvo al frente del organismo represor de la dictadura (1973-1990).