Desde Washington

El ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney se encuentra en el centro de un nuevo escándalo luego de que se revelara que le ordenó a la CIA ocultarle al Congreso la existencia de un plan secreto de inteligencia montado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Leon Panetta, senador demócrata nombrado por el presidente Barack Obama al frente del organismo de inteligencia apenas un mes luego de su asunción, fue el encargado de revelar las novedades el pasado 24 de junio. Ese día, Panetta les contó a las comisiones de Inteligencia tanto de la Cámara de Representantes como del Senado acerca de la existencia del plan, de cómo apenas se enteró lo canceló y que tanto los detalles sobre el mismo así como su propia existencia habían sido ocultados a los legisladores a pedido del propio Cheney.

Al obrar de ese modo, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, se habría actuado de manera ilegal, sobrepasando todos los límites. “Aquí tenemos un gran problema”, afirmó la senadora, a pesar de lo cual buscó matizar la situación al recordar la situación que se vivía en el país tras los atentados del 2001 en Nueva York y Washington. “Puedo entender lo que fueron las necesidades del momento, pero el salirse del marco de la ley es inaceptable en cualquier caso”, insistió.

Dick Durbin, líder de la bancada demócrata en el Senado, fue más lejos aún y ya solicitó que se abra una investigación completa por parte del Congreso. De acuerdo con Durbin, el Ejecutivo no debería crear estos programas y ocultárselos al Legislativo. “Todo esto no solo es completamente inapropiado, sino también ilegal”, señaló.

Ambos senadores demócratas, sin embargo, realizaron sus declaraciones ayer luego de que el diario The New York Times publicara una investigación sobre el asunto. El contenido y los detalles del famoso plan, no obstante, siguen siendo un secreto bien guardado, aunque de acuerdo con el periódico neoyorquino no involucraría espionaje doméstico, escuchas ilegales ni técnicas de torturas durante interrogatorios a sospechosos, to-do lo cuál es tratado en una investigación separada entre el Congreso y los ex ocupantes de la Casa Blanca.

El taciturno amante de secretos, Dick Cheney, no realizó declaraciones por el momento. Pero de acuerdo con los testimonios de agentes citados bajo anonimato por la publicación, del plan solo habrían llegado a efectivizarse las etapas de planificación y entrenamiento, sin llegar a pasar a la acción de forma completa.

Según parece, la idea habría surgido como parte de las “medidas radicales” tomadas en los traumáticos momentos iniciales posteriores a los atentados del 9/11 y, al momento de decretar su anulación, Panetta no habría encontrado mayores resistencias al interior de la Central de Inteligencia.

Lo cierto es que, en momentos en que los esfuerzos de Obama de hacer aprobar sus paquetes de reforma en áreas clave como energía, reforma financiera y, sobre todo, sistema de salud, llegan a puntos críticos, el plan secreto de inteligencia bien podría convertirse en un mero asunto de distracción y fricciones entre ambos partidos que, de ese modo, se colaría en la agenda en el peor momento posible. Ayer, por caso, los republicanos se dedicaron exclusivamente, una vez más, a defender las figuras de Cheney y la de Bush, al insistir en que ambos tenían el derecho y la obligación constitucional de defender al país como mejor les pareciera. Y, más aún, acusaron a los demócratas de querer agrandar el tema para ocultar sus propias dificultades en la Casa Blanca, en especial en la reforma de salud.

Pero el renovado foco de atención sobre las acciones y omisiones del ex vicepresidente no son la única controversia que parece venírsele encima a Obama desde el pasado, a pesar de sus esfuerzos y posturas en favor de mirar para adelante y no luchar batallas que, según el mandatario, ya quedaron atrás. Y es que, en lo que podría ser una movida potencialmente explosiva, ayer se supo que Eric Holder, secretario de Justicia, estaría analizando la posibilidad de nombrar a un fiscal especial para que investigue las acusaciones de tortura contra agentes de la CIA en el marco de los interrogatorios a sospechosos de terrorismo durante la era Bush que violaron todas las convenciones internacionales sobre la materia.

Las intenciones de Holder, en este sentido, chocarían de frente con la postura de Obama sobre la materia, quien en numerosas ocasiones se pronunció de forma clara a favor de no perseguir judicialmente a los agentes de la CIA que pudiesen haber torturado bajo dos argumentos: en primer lugar, porque actuaron por órdenes y con autorización del Departamento de Justicia y, en segundo lugar, porque ello dañaría aun más la ya de por sí alicaída moral de los agentes de la CIA.

Por eso, si Holder se pone firme con su decisión de investigar, ello podría generar, al menos, una situación embarazosa entre el Departamento de Justicia y el propio Obama. “Espero que cualquiera sea la decisión que tome, ella no vaya a tener un impacto negativo en la agenda del presidente”, le dijo Holder a la revista Newsweek. “Pero aun así, ello no puede ser un condicionante para mi decisión”, aseguró el secretario.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.