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El golpe de Estado convencional –la usurpación ilegal, violenta, preconcebida y repentina del poder por parte de un grupo liderado por los militares y compuesto por las fuerzas armadas y sectores sociales de apoyo– fue una nota central de la política latinoamericana y del Tercer Mundo durante el siglo XX. El fin de la Guerra Fría, la ola democratizadora de los años noventa, el avance de la globalización, la gradual reducción de las disputas fronterizas entre países, la creciente interdependencia mundial y las promesas de la integración económica regional parecieron presagiar el ocaso del golpismo en la periferia. Sin embargo, el espectro golpista sigue intacto. Desde 2000 a la fecha se han llevado a cabo 24 golpes de Estado, unos exitosos y otros fallidos, en Africa, Asia y América latina y el Caribe. Los dos últimos, en 2009, se han producido en Madagascar y Honduras.

Con el tiempo, se fue gestando un neogolpismo: a diferencia del golpe de Estado tradicional, el “nuevo golpismo” está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso.

En Latinoamérica ha existido una suerte de “aprendizaje” en materia de golpismo. Por ejemplo, los que se efectuaron en Ecuador –contra Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en 2000– fueron ganando en efectividad y sofisticación, al punto de que los “putchs” cívico-militares fueron, a regañadientes, tolerados y aceptados en la región. No existió una virulencia desproporcionada y las sucesiones presidenciales se encargaron de darles visos de cuasi constitucionalidad. Washington y Brasilia (en especial, en el caso de Mahuad) no cuestionaron seriamente lo ocurrido y el Grupo de Río y la Organización de Estados Americanos se desentendieron.

Tiempo después, en 2002, se produjo la fracasada remoción forzada de Hugo Chávez en Venezuela. La región –particularmente Argentina, Brasil y Chile– reaccionó de inmediato, repudiando lo ocurrido y definiendo lo sucedido con el calificativo de golpe de Estado. La Casa Blanca no deploró el golpe; más aún lo justificó (lo mismo hicieron España, Colombia y el Fondo Monetario Internacional). La administración del presidente George W. Bush actuó como si se tratase de un “golpe benévolo”; es decir, le dio la bienvenida al intento de derrocamiento de un gobierno electo democráticamente, ya que los golpistas actuaban en consonancia con las preferencias ideológicas de Estados Unidos. La coalición cívico-militar venezolana terminó consumando un golpe ortodoxo y autoritario que, no obstante, resultó fallido: el detenido Hugo Chávez retornó a la presidencia.

Dos años más tarde, en 2004, se produjo la salida forzada de Jean-Bertrand Aristide en Haití. Tal como en Venezuela, en el ejemplo haitiano los golpistas insistieron en que Aristide fue el que provocó, con su comportamiento, la crisis institucional que lo llevó a su remoción del gobierno: de ese modo se justificó la destitución del presidente. De hecho, se producía –al igual que en el caso de Chávez pero esta vez con éxito– una inversión de valores, pues se terminó responsabilizando a la víctima en lugar del victimario. La coalición golpista y Washington aprendieron de un error previo en el caso venezolano: en vez de detener temporalmente a Aristide, el embajador de Estados Unidos puso al depuesto mandatario haitiano en un avión y lo envío a República Centroafricana; donde se había producido un golpe de Estado exitoso en 2002 y el golpista François Bozizé hizo redactar una nueva Constitución y resultó electo presidente en 2003.

Así llegamos al primer golpe de Estado exitoso en Centroamérica en el siglo XXI: el 28 de junio fue derrocado el presidente de Honduras, Manuel Zelaya. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, asumió como mandatario de facto. Los militares irrumpieron en la residencia oficial de Zelaya, lo detuvieron y lo trasladaron a Costa Rica. Los golpistas de la poderosa coalición cívico-militar aprendieron las lecciones de Venezuela y Haití: preservando el funcionamiento del Legislativo y del Judicial, expulsaron del país al mandatario constitucional. Sin embargo, en esta oportunidad el rechazo y repudio general fueron elocuentes. Todo el hemisferio, sus organizaciones políticas, las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ONG de derechos humanos y gobiernos de diversa orientación ideológica se manifestaron masiva y unánimemente contra el golpe de Estado.

La coincidencia de voces fuertemente críticas es muy alentadora. Sin embargo, si el golpe resulta victorioso –y esto significa que Zelaya no es restituido siquiera temporalmente en la presidencia– entonces la tentación del neogolpismo regional crecerá. Los golpistas entonces habrán aprendido una nueva lección: deponer y ejecutar el mandatario en el gobierno, simular que la crisis era de tal envergadura que no había otra opción que remover al Ejecutivo, mantener formalmente las instituciones y esperar hasta que las políticas antigolpe de la comunidad internacional resulten improductivas.

El caso de Honduras es muy trascendental: el futuro de la democracia en América latina está en juego. Y eso lo saben todos, en Washington, en Caracas y en Buenos Aires.

* Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella y miembro del Club Político Argentino.