El derecho y la Justicia pueden ser armas para luchar en beneficio de las minorías y los derechos humanos cuando la política no hace su trabajo. En eso cree Rodrigo Uprimny, jurista colombiano y actual director del centro Dejusticia de Bogotá, un equivalente al CELS en Colombia. Por eso se dedica a lo que llama “litigio estratégico”. De paso por Buenos Aires y en diálogo con Página/12, el jurista cuenta que en Colombia, además, existe la Corte Constitucional, que, como órgano encargado de revisar la constitucionalidad de todas las leyes, muchas veces sirve para ponerle límites al poder político. Sin embargo, como ex miembro de ese tribunal, Uprimny reconoce que en algunos casos la política impone sus propios límites. Sobre todo, cuando se trata de cuestiones como el actual intento de re-reelección del presidente Alvaro Uribe y las posibilidades reales de que la Corte Constitucional revise la legalidad de la medida. Para Uprimny, se debería declarar la inconstitucionalidad de la ley. “Esta Corte ha dado amplias muestras de independencia. Sería la prueba de fuego”, señala.

–¿Qué es el litigio estratégico?

–Se trata de usar al aparato judicial para que se pronuncie en ciertos casos y así lograr cambios globales en la sociedad. Se elige litigar en situaciones que tiendan hacia la ampliación de derechos, que impliquen cambios progresistas en la sociedad y fortalezcan los derechos humanos. En especial se busca fortalecer la posición de las minorías, de grupos de la población que de otro modo no podrían hacer oír su voz porque no resultan interesantes para los políticos.

–¿Sería como cubrir los déficits de las democracias o marcarle la agenda a la política desde la Justicia?

–Algo así. Es que muchas veces se producen trabas en el sistema político a nivel institucional que bloquean determinadas políticas públicas que podrían ser fundamentales. Entonces lo que se hace es intentar desbloquearlas para beneficio de la población a través de sentencias judiciales.

–¿Podría citarme casos o acciones concretas que llevan adelante en Colombia?

–Le doy tres ejemplos. Hemos logrado que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales en cuanto a la seguridad social y otros beneficios. A su vez, estamos trabajando con comunidades de afrodescendientes en la zona de la costa atlántica para que se les reconozcan sus derechos a la propiedad colectiva de sus tierras. Y, por último, participamos de una comisión de seguimiento de los derechos de los desplazados a causa de los conflictos con los grupos armados. Intervenimos permanentemente con acciones judiciales para que se respeten sus derechos.

–¿Actúan con independencia del poder político los jueces en su país?

–Tenemos una historia bastante reconocida de independencia del Poder Judicial. Ello se logró modificando los sistemas de elección de los jueces para evitar que el poder político tenga injerencia en las designaciones de los magistrados. Tenemos un sistema de cooptación por el que es la propia corporación judicial la que elige a sus miembros. No es perfecto, pero da algunos resultados.

–¿Y con qué nivel de autonomía actúan los jueces cuando se trata, por ejemplo, de casos de parapolítica (vinculaciones entre los paramilitares y los políticos)?

–Con la autonomía suficiente como para tener a más de 70 legisladores procesados, incluido un primo del presidente.

–Cuando Uribe modificó la Constitución por primera vez para ser reelecto en el 2006 la Corte Constitucional dio por válido el proceso, incluso a pesar de los sobornos comprobados. ¿Cree que va a hacer algo en este segundo intento de reelección?

–De por sí, la ley pasará a revisión automática por parte de la Corte. El asunto, como siempre, es probar esta clase de irregularidades. Pero yo creo que se debería declarar la inconstitucionalidad de la ley.

–¿Piensa que el tribunal se animaría a declarar la inconstitucionalidad de la reforma a Uribe e impedir que vaya por la re-reelección?

–Esta Corte ha dado amplias muestras de independencia. Pero digamos que sería la prueba de fuego. El asunto tendría, desde mi punto de vista, al menos dos aristas. Por un lado, si se prueban presiones a los legisladores, pues ahí habría vicios de procedimiento por los cuales se podría declarar la nulidad. Y, por el otro, también sería un deber de la Corte Constitucional determinar si una segunda reelección de Uribe no atentaría contra el principio republicano de la alternancia en el poder.

–Desde el centro que usted dirige, Dejusticia, en su momento hicieron presentaciones judiciales en contra del Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con Estados Unidos. ¿Van a hacer algo respecto de la próxima instalación de bases militares norteamericanas?

–Lo primero es poder tener acceso a los documentos que todavía no se hicieron públicos. No está claro qué va a suceder en esas bases. El argumento de Uribe es que la Corte Constitucional no tiene nada que revisar porque se trata simplemente de un aumento de tropas, equipos, etc., que ya se encuentran aprobados dentro del marco del Plan Colombia. Si no fuera el caso y la instalación de las bases implicase un nuevo tratado, ése sería el único flanco que se podría cuestionar desde el punto de vista jurídico para que se someta a revisión de la Corte. Pero primero hay que ver los documentos. Hay que esperar a que el presidente los muestre.

–¿Y cree que Uribe los va a mostrar?

–Eso prometió en la reunión de la Unasur en Bariloche. Veremos.

–En Colombia se dan muchos casos de asesinatos a sindicalistas. ¿Corren la misma suerte los jueces?

–Hoy día ya no, pero hubo épocas en que sí. Entre el ‘83 y el ‘92 fue muy duro. Muchos jueces fueron asesinados. No obstante, hace poco un fiscal fue asesinado. Actualmente tenemos varios estudios en marcha acerca de cómo hacen los jueces para administrar justicia cuando les toca trabajar en zonas donde operan grupos armados. No es fácil.

Entrevista: Martín Suaya.