El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presentó ayer un proyecto de ley destinado a esclarecer los crímenes de la última dictadura militar gobernante entre 1964 y 1985. El denominado Tercer Programa Nacional de Derechos Humanos propone, entre otros puntos, la creación de una “comisión de la verdad” concebida con “mandato y plazo definidos para examinar las violaciones”, según explicó Paulo Vannucchi, secretario nacional de Derechos Humanos. Esta comisión podrá reclamar documentos públicos y privados, promover la reconstrucción histórica de las violaciones e impulsar la localización de los restos de desaparecidos políticos con el objetivo de constituir un banco de datos público.

En un acto destinado a presentar el proyecto, Da Silva elogió la actitud de sus ministros de la Casa Civil, Dilma Rousseff; de Justicia, Tarso Genro, y de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, quienes fueron perseguidos por el gobierno militar. “Si alguien detuvo y torturó a Dilma (Rousseff) creyendo que había acabado la lucha de ella, yo le digo que es hoy una posible candidata a la presidencia de la República de este país”, declaró en claro apoyo a su delfín en el Partido de los Trabajadores (PT). “Debemos transformar a nuestros compañeros en héroes, no en perseguidos, y decir que ellos no están porque lucharon” por un mundo mejor, expresó.

Sus dichos apuntaron a que “lo importante es saber y tener conciencia de que valió la pena” la lucha contra la dictadura. El mandatario aludió a los cerca de 200 desaparecidos y miles de torturados por causas políticas. “Una madre nunca se va a quitar de su corazón el sufrimiento de no enterrar a su hijo (...), pero lo más importante es saber que la vida de ese chico valió la pena.”

En esa línea, Lula defendió a su ministro de Comunicaciones, Franklin Martins, miembro del grupo armado en la década del sesenta Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8), al señalar: “Franklin Martins participó del secuestro del embajador norteamericano (Charles Ellbrick, en 1969), en el marco del enfrentamiento con los militares y porque quería cambiar la situación que vivía Brasil”.

Sin embargo, el presidente brasileño no dejó de reiterar su opinión de que lo más importante no es buscar castigo para los militares.

El anuncio del programa se inscribe en el marco de la revisión de la criticada Ley de Amnistía, dictada en 1979, la cual benefició a aquellos acusados de infligir torturas durante la dictadura militar. Desde hace más de un año, la Corte Suprema dio lugar a una demanda presentada por la Orden de Abogados que sostiene que las violaciones a los derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad que no prescriben y como tales deben ser juzgados.

A esto se suma el reclamo de la sudafricana Navi Pillay, alta comisaria de la ONU para los DD.HH., que en noviembre declaró que Brasil no debía dejar impunes a los torturadores de la dictadura y sugirió la puesta en marcha de una ‘Comisión de la Verdad y la Reconciliación’ como la convocada por Nelson Mandela en Sudáfrica al final del Apartheid, en la que los torturadores eran llamados a reconocer sus culpas ante las víctimas.

En otros aspectos, el programa anunciado ayer también plantea la redacción de un proyecto de ley que regularice el matrimonio de parejas homosexuales y otro que incluya en la educación pública la enseñanza de la “diversidad religiosa”.

Al proyecto de ley le espera un largo camino, ya que su creación, marco de acción y alcance deberán ser definidos y aprobados por el Congreso.