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El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, realizó ayer una visita relámpago, de menos de 24 horas, a Bogotá. Le prometió al presidente Alvaro Uribe que hará todo lo posible para que el Congreso norteamericano apruebe una ampliación de la ayuda militar a Colombia. También se refirió a la reciente tregua unilateral declarada por los grupos paramilitares, y advirtió: “Lo que han hecho hasta ahora los paramilitares no los va a sacar de nuestra lista de terroristas. Veremos si renunciarán y rechazarán, o no, este tipo de acciones ilegales e inconstitucionales”. El gobierno colombiano corrigió ayer los decretos de establecimiento de las zonas de seguridad, declarados la semana pasada “inconstitucionales” por la Corte Constitucional.
“Es estimulante cuando se escuchan anuncios de cese al fuego y que hay miembros dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que han decidido que no es la forma de proceder, ni de ayudar al país ni a la gente”, afirmó Powell en una entrevista con el diario bogotano El Tiempo.
A pesar de sus advertencias, el secretario de Estado dejó abierta la puerta para una eventual suspensión de las acciones legales en contra de los comandantes paramilitares (los dos principales, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, tienen pedido de extradición bajo cargos de narcotráfico y terrorismo) si demuestran que su intención de paz es seria. Las AUC enviaron una carta a Uribe con las bases de un futuro proceso de negociación: suspensión de las órdenes de captura en su contra, reconocimiento de su carácter político, asunción del control por parte del gobierno de las zonas bajo dominio paramilitar y financiamiento de los grupos durante el período en que se extienda el cese de hostilidades. La entrada de las AUC en la mesa de negociaciones podría apuntalar a mediano plazo la posición de fuerza militar en el conflicto, dado que los paramilitares reinsertados a la “vida civil” podrían ser un núcleo importante del millón de informantes civiles con que Uribe busca debilitar a las guerrillas de izquierda.
Mientras el gobierno está probando establecer contactos con las guerrillas, sigue ajustando su política de seguridad. Ayer, Uribe expidió el decreto que corrige los vicios de forma por los cuales fueron declaradas inconstitucionales las zonas de rehabilitación de orden público, al tiempo que anunció la ampliación de esas áreas. Estos vicios de forma son, básicamente, la ausencia de las firmas de todos los ministros del gobierno. De esa forma, la primera zona de rehabilitación quedó conformada por 10 municipios del departamento de Bolívar y 17 de Sucre, mientras la segunda regirá en tres localidades de la región de Arauca, fronteriza con Venezuela.
Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, Gerardo Monroy, especificó que no sólo había vicios de forma: “Es completamente inconstitucional” la norma que faculta a los militares para realizar capturas o allanamientos sin autorización judicial e interceptar comunicaciones. Quizás esto sea el inicio de una nueva pulseada.