Desde Madrid

El Consejo de Ministros español aprobó ayer por decreto la reforma laboral, tal y como lo había anunciado el gobierno socialista desde la pasada semana. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero pretende de este modo forzar al Congreso a que ratifique su resolución, aunque no ha quedado claro si lo hace porque está bajo el intenso apriete de los tiburones del mercado financiero, o porque no quiere perder la iniciativa política, en un momento de máxima debilidad, con un gabinete agotado y poca credibilidad pública. El Parlamento deberá pronunciarse la próxima semana. Los sindicatos, mientras tanto, comienzan a trabajar para llevar a cabo la huelga general el 29 de septiembre.

El gobierno socialista ha quedado de este modo pendiente de un hilo. El próximo martes 22 deberá someter el decreto a votación parlamentaria, y hasta ahora Rodríguez Zapatero no ha logrado un solo voto de apoyo a su propuesta. Ni siquiera entre los pequeños grupos regionales más afines a negociar con el PSOE. Es más, ayer hubo una durísima sesión de control al gobierno en el Parlamento, en la que Zapatero tuvo que aguantar más de un chubasco dialéctico. Rajoy le tiró por la cabeza hasta la subida del precio de la electricidad y los grupos minoritarios, como el de la ex socialista Rosa Diez, llegaron hasta a pedir elecciones anticipadas. Con ese panorama, Zapatero tiene claro que la votación del martes próximo será un camino escarpado por el que se puede llegar a despeñar incluso su propio gobierno, tal y como está de tenso el panorama político español durante las últimas semanas.

Desde que estalló la crisis, en 2008, el gobierno de Zapatero ha comenzado a ser percibido por una gran parte de la sociedad, incluyendo sus propios votantes, como una especie de nave a la deriva cuyo capitán no sabe cómo explicar a los suyos cuál es el rumbo que hay que tomar. El propio presidente de gobierno ha tenido que ratificar, en algunas ocasiones en menos de 24 horas, medidas apresuradas tomadas por su administración, una rutina insólita en una democracia acostumbrada a un poco más de seriedad por parte de los administradores del Estado. El ejemplo más crudo lo dio la administración socialista cuando anunció las claves de la futura reforma de pensiones a Bruselas y luego se vio obligada a retractarse ante la magnitud de la indignación popular que despertaron esas propuestas. Nadie sabe si ahora la reforma laboral no correrá la misma suerte. Estos constantes vaivenes, su reticencia durante las primeras manifestaciones de la crisis a reconocer que se avecinaba una potente caída económica y ahora la carrera frenética por adoptar las medidas más crudas que exigen los mercados financieros, forman la trilogía sobre la que se asienta la creciente pérdida de popularidad de Zapatero. La reforma laboral, con las dificultades que tiene el gobierno para lograr consensos de aquí al martes, es otro frente abierto en una batalla que cada día se vuelve más complicada.

La reforma que aprobó ayer por decreto el gobierno es básicamente la misma cuyo borrador entregó a sindicatos y empresarios el pasado viernes. Desde la patronal ayer confirmaron que “se ha quedado como una reformita”. Para el presidente de la CEOE, la confederación empresarial, Gerardo Díaz Ferrán, es un “avance”, pero “no satisface las necesidades de la economía española”. Los empresarios creen que hacen falta medidas “más duras” y tiran al máximo de la cuerda jugando con el miedo que despierta en la población el alto índice de desempleo.

El gobierno trató de agradar ayer a los sindicatos al retirar de la propuesta uno de los aspectos más espinosos de la reforma: la modificación de las normas que establecen los motivos por los cuales se considera lícito proceder al despido de una persona. Los socialistas argumentan que luego de seis meses de pérdidas sostenidas, una empresa se puede acoger al beneficio de despedir más barato. Los sindicatos no están dispuestos a aceptar una norma que abre la puerta a las empresas para argumentar mil y una triquiñuelas con tal de acogerse a este beneficio. Ya con las normas actuales muchos empresarios recurren a las llamadas “causas objetivas de despido”, si se cambia la ley sospechan que el porcentaje crecerá. Según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ahora el gobierno ha quitado ese artículo de su decreto para llevarlo como prenda de máxima negociación al Parlamento. Habrá que ver si es una pieza de suficiente valor tanto para la oposición como para los grupos parlamentarios minoritarios.