En Jujuy el oficialismo se resiste a compartir el poder con las mujeres. Los legisladores del Frente para la Victoria, que gobierna la provincia, y los del peronismo disidente decidieron promover un juicio político contra los jueces del Tribunal en lo Contencioso Administrativo, que dos semanas atrás ordenaron a la Legislatura y al Ejecutivo aprobar y reglamentar una ley de cupo femenino, para cargos electivos y partidarios, en cumplimiento de un mandato previsto en la Constitución Nacional. El principal argumento para impulsar el jury es que la sentencia constituiría un atropello a otro poder. El fiscal de Estado, Alberto Matuk, confirmó a Página/12 que apelará el fallo.

Jujuy es una de las dos provincias en las que no se aplican cuotas de candidatas mujeres en las listas. El reclamo por una ley de cupo lleva casi dos décadas y a pesar de que se presentaron diversos proyectos en los últimos años el oficialismo nunca apoyó su tratamiento. En diálogo con este diario, Matuk dijo que la sentencia “está mal redactada” porque “obliga a sancionar una ley de cupo con un piso del 50 por ciento en 90 días” y de esa forma “está reemplazando la voluntad del legislador”. “No deja lugar a que se fije en 30 por ciento, por ejemplo”, agregó.

–Hace 19 años que el movimiento de mujeres de Jujuy reclama la aplicación de una ley de cupo. La Constitución Nacional dice que tiene que haber paridad –le comentó este diario.

–Respetamos la voluntad de las mujeres. Este año seguro que una ley será tratada, pero no puede imponer la Justicia un plazo para su aprobación y tampoco impedir que se pueda discutir si en lugar de 50 por ciento se establece un 30 por ciento, como dice la ley nacional. Por otra parte, en cuestiones electorales la provincia tiene soberanía –respondió Matuk.

Más de un centenar de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de todo el país, legisladoras nacionales y provinciales, instituciones locales y dirigentes de diversos ámbitos del Derecho firmaron un documento de apoyo a una ley de cupo en Jujuy y expresaron su preocupación por la situación institucional generada por el virtual enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Judicial. Entre ellas, adhirieron al documento el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Unión de Mujeres Argentina (UMA), Periodistas Argentinas en Red por una Comunicación no Sexista (PAR), Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer (Adeuem), Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Fundación Agenda de las Mujeres y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, viajará hoy a Jujuy para entregar en la Legislatura un pronunciamiento que ayer firmó junto con los titulares del CELS, Gastón Chillier; de MEI, Monique Altschul; de ACIJ, Gustavo Maurino, y de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Alvaro Herrero, donde advierten que promover el jury significa “avasallar la independencia del Poder Judicial”.

El 3 de junio pasado, al oficialismo le faltó un voto para aprobar sobre tablas un proyecto de resolución que pedía al Superior Tribunal de Justicia que conforme un jurado de enjuiciamiento con la intención de remover a los jueces Benjamín Villafañe, Luis Oscar Morales y Silvia Teresa Maurín. “Se han extralimitado en su función de impartir justicia y han avasallado la jurisdicción propia de esta Legislatura”, dice el proyecto. Una semana después, el jueves 10, presentó la misma iniciativa, que fue girada a la Comisión de Asuntos Institucionales, que preside el oficialista Guillermo Snopek. El FpV y el Frente Primero Jujuy (peronismo disidente) acordaron aprobar un dictamen de mayoría, que sería tratado en dos semanas en el recinto, según anunció Snopek.

“El tema es grave. El mensaje que se transmite es que los jueces que fallan en contra del oficialismo o de los tratados de derechos humanos pueden ser sometidos a un jury”, cuestionó el diputado radical Pablo Baca, quien anticipó que su bloque firmará un despacho de la minoría, aconsejando rechazar la resolución.

“Es evidente que el oficialismo no quiere repartir el poder. Lo que están haciendo es una amenaza y una apretada a los jueces. Las que hacen las campañas, las que ponen el hombro para que ellos lleguen a sus cargos, son mujeres, que ahora con el fallo van a reclamar su lugar”, observó en diálogo con Página/12 la abogada Alicia Chalabe, del movimiento de mujeres local.

La sentencia del Tribunal en lo Contencioso y Administrativo de Jujuy fue dictada el 27 de mayo. Respondió a un recurso de amparo presentado el 24 de marzo de 2009 por un grupo de ciudadanas y ciudadanos de distintos ámbitos –entre ellos el diputado Baca–, que, representados por Chalabe, reclamaron que se establezcan cuotas de participación femenina en la política. El fallo concluyó que no aplicar una ley de cupo es “inconstitucional”. La sentencia obliga a los poderes Ejecutivo y Legislativo a dar cumplimiento en un plazo de tres meses al mandato constitucional previsto en el artículo 37 de la Carta Magna.

“En aras de conculcar el derecho al cupo femenino contemplado en la Constitución, se está avasallando a la Justicia. Es doblemente agraviante”, señaló el abogado Andrés Reinoso, de Andes, una entidad que trabaja en Jujuy y Tucumán en la defensa de los derechos humanos. “El pedido de jury es patético. La constitución provincial establece las causales de revocación específicas y no están configuradas en este caso. No es un fallo arbitrario, es declarativo”, evaluó.

Jujuy y Entre Ríos son las únicas provincias del país que no respetan el piso de un 30 por ciento de mujeres en listas partidarias fijado por una ley nacional en 1991.