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El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes que dicen cometió el gobierno de Muammar Khadafi. Sin ningún atisbo de pereza, el fiscal jefe ante la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció que se abocará a investigar los crímenes contra la población libia y enfatizó que en esta ocasión contaba con el voto unánime de los miembros del Consejo de Seguridad, incluidos sus miembros permanentes, que ejercen poder de veto. Ello sucedía mientras se decidían sanciones económicas contra Libia y se multiplicaban declaraciones anunciando posibles ataques, como las producidas por Hillary Clinton y el mismo Barack Obama. Bajo el trillado argumento de salvar vidas se esconden intereses económicos. Lamentablemente, el ataque de la OTAN ya comenzó.

Uno de esos miembros permanentes, los Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de la CPI, han bloqueado sistemáticamente todo avance de justicia internacional que pudiera significar someter a juicio a alguno de los suyos, celebrando decenas de convenios bilaterales para otorgar impunidad a sus agentes en las “misiones” que llevan a cabo en distintos puntos del mundo. Es decir, Estados Unidos tiene el privilegio de vetar cualquier investigación que comprometa a sus agentes o a agentes de potencias aliadas. Para completar el panorama, todas las denuncias presentadas contra agentes de la OTAN y norteamericanos fueron desestimadas por la Fiscalía. En el caso de Libia hubo unanimidad en el Consejo de Seguridad para reclamar de inmediato una investigación, sin que existiera siquiera un mínimo rubor por todos aquellos crímenes llevados a cabo por la OTAN y por los Estados Unidos en sus llamadas guerras preventivas, que fueron consentidas por la ONU. Ahora se agregan los ataques que esas fuerzas militares iniciaron contra Libia. La comunidad internacional necesita contar con normas claras para juzgar los crímenes más graves, como el de agresión, los de lesa humanidad y el genocidio. Pero para ello debe tener herramientas eficientes que permitan juzgar a todos los responsables y no a unos pocos. Pero ello no podrá ser posible si se mantienen los privilegios en el Consejo de Seguridad y si los que tienen mayor poder militar se sustraen sistemáticamente de todo alcance legal.

En conclusión, la CPI, que entró en vigencia en julio de 2002 (en agosto de ese mismo año el Congreso de Estados Unidos sancionó una ley por la que se opuso a cualquier tipo de colaboración), ha dejado un saldo esqueléticamente parcial y la impunidad de los crímenes internacionales más graves que se han cometido en la última década. En ese contexto, al llevar adelante investigaciones contra unos pocos, Moreno Ocampo es un fiel cumplidor de las políticas que se diseñan en Washington. Y los argentinos podemos concluir que el principal beneficio que trajo la CPI es que Moreno Ocampo (que se opuso a la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina) esté lejos por unos años. Con el ataque de la OTAN a Libia se ha dado un paso más para declarar la defunción de la ONU y de la CPI.

* Abogado especialista en derechos humanos.