La primera jornada del juicio contra Baltasar Garzón, por investigar los crímenes del franquismo, comenzó ayer con el pedido del fiscal del Tribunal Supremo de anular el proceso por irregularidades. Luis Navajas sostuvo que la Sala Penal permitió que la organización sospechada de ser el instrumento del gobernante Partido Popular para presentar querellas, Manos Limpias, funcione como soporte a una acusación original carente de sentido. “Si la parte acusadora había sido incapaz de presentar un escrito, lo lógico hubiera sido excluirla con las consecuencias y archivar la causa”, argumentó el fiscal, quien dijo que el escrito de Manos Limpias es una mera copia de un auto del juez instructor de la causa, Luciano Varela.

Garzón está acusado de prevaricato por arrogarse funciones que no le competían al investigar en 2008 los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (’36-’39) y el franquismo (’39-’75) en España, que dejaron más de 100 mil desapariciones forzadas. El magistrado conocido por haber ordenado la detención del dictador chileno Pinochet en 1998, enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia de veinte años de inhabilitación, lo que a sus 56 años significaría el fin de su carrera.

Navajas calificó la actuación de Varela de insólita e insostenible, por lo que pidió la nulidad radical del juicio y el sobreseimiento de la causa. Al ordenar su procesamiento, Varela había dicho que Garzón era consciente de que carecía de competencia para investigar los crímenes del franquismo. Además, lo había acusado de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977 y de superar los límites de la Ley de Memoria Histórica de 2007, al ordenar las localizaciones y exhumaciones de las víctimas. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, le pidió a la Sala Penal del Supremo la nulidad del escrito de acusación presentado por Manos Limpias. También remarcó que Varela no sólo les dio una segunda oportunidad a los denunciantes, sino que los ayudó, iniciativa que no tiene precedente.

De avalarse el pedido de defensa y fiscalía, el ex magistrado de la Audiencia Nacional no debería verse obligado a declarar el 31 de enero, día en que se reanudaría el juicio. Sin embargo, para el director de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), este proceso contra Garzón significa que por primera vez en la historia de España se tratarán los crímenes del franquismo en el máximo tribunal. “En el fondo esto expone una oportunidad para que el Supremo oiga el relato de quince familiares de desaparecidos que padecieron esos delitos”, dijo Emilio Silva en diálogo con Página/12. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había rechazado a más de la mitad de los testigos solicitados por Garzón. No declararán ni expertos internacionales en jurisdicción universal ni el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. En ese marco declararán los representantes de asociaciones de la memoria histórica y el propio Garzón.

En este segundo proceso contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional en una semana, Garzón tuvo un fuerte acompañamiento tanto de la ciudadanía como de los observadores internacionales Human Rights Watch y Amnesty International, que se hicieron presentes en el Tribunal Supremo. Unas doscientas personas se agolparon a las puertas del Supremo al grito de “fascistas y terroristas”. También había pancartas que decían “Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón”, “Heridas abiertas, fosas cerradas” o “Tribunal Supremo, vergüenza internacional”.

Según Silva, la sensación de impunidad que despierta este caso en algunas personas es un bálsamo dentro de una sociedad que aún tiene miedo de condenar aquellos crímenes de lesa humanidad, y que padecen lo que él llama franquismo sociológico. Ese síntoma pudo verse recientemente, con los homenajes que le rindieron el PP y el PSOE al fallecido ex funcionario de la dictadura Manuel Fraga Iribarne. “Acá hay un pasado que todavía tiene consecuencias, estamos viendo parte de las resistencias que hay en la oligarquía española para abrir las investigaciones. Quienes gestionaron este país desde que murió Franco son los hijos de la dictadura”, acusa el presidente de ARMH. “Ningún presidente del gobierno español después de muerto Franco ha hecho un acto público junto a las víctimas de la dictadura. Es como si ellas fueran una casta intocable a las que la política no se puede acercar. Eso produce que los pueblos sientan que tienen detrás un cacique que los vigila. Si un presidente se pusiera detrás de ellos sería una revolución en la política cultural española”, explicó Silva, recordando todas las plazas públicas que hay en España con el nombre de Franco.

Para entender el caso español, Silva señala que el organismo de derechos humanos que tiene el país depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir que no se fomentan las políticas de derechos humanos desde el Estado y son vistas como algo ajeno. “Somos el país del núcleo de la Unión Europea que tiene peor formación en derechos humanos y el país al que más falta le hace”, admite Silva. El director de la ARMH define a la Ley de Amnistía como el parapeto donde se esconden las elites de la dictadura que disfrutan de la impunidad. “Los 113.000 hombres y mujeres que están en las fosas son los padres de la democracia de este país”, dice Silva.

Informe: Juan Nicenboim.