El anuncio se hizo entre gallos y medianoche, con los españoles terminando la cena de Pascua, apelando a un frío comunicado. El mensajero no fue otro que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien adelantó la puesta en marcha de un recorte de 10 mil millones de euros en salud y educación. La frutilla del postre es un plan de privatizaciones en el sector financiero y reformas estructurales en pleno recrudecimiento de la crisis de deuda que afronta España. Las nuevas medidas, que serán presentadas a la Unión Europea (UE) este mismo mes, llegan después de que la oposición denunciara la intención de Rajoy de querer avanzar sobre la sanidad pública, tras el lanzamiento de una propuesta para que las rentas más altas paguen por ese servicio. “Hay que abrir el debate de si debemos proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane 100 mil euros anuales”, disparó el ministro de Economía español, Luis de Guindos, en declaraciones a la emisora Cadena Ser. El responsable de Economía explicó que el Ejecutivo no contempla impulsar el copago sanitario, esto es, un arancel para acceder a consultas médicas y otros servicios ya vigente en Cataluña, pero sí establecer un pago progresivo en función de la renta.

Si bien el paquete de medidas fue presentado bajo una fórmula progresiva, el opositor Partido Socialista (PSOE) y otros grupos de la izquierda parlamentaria coincidieron en que el gobernante Partido Popular (PP) está dinamitando el sistema universal y gratuito, abriendo la puerta al copago. En medio de una ola de críticas, el PP salió a corregir las palabras del ministro de Economía, y por medio de su subsecretario de Organización, Carlos Floriano, aseguró que la gratuidad del sistema sanitario está garantizada. “De Guindos ha hecho una reflexión personal tras rechazar el copago”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Contempladas en el Programa de Estabilidad 2012-2015 y un Programa Nacional de Reformas para este año, que Rajoy presentará en Bruselas, las medidas incluirán reformas orientadas a racionalizar los costos y la mejora de la competitividad y la flexibilidad de la economía española, detalla el comunicado. En el ámbito financiero se decidió proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del sector público, precisó el Ejecutivo al término de las reuniones que Rajoy mantuvo con su equipo económico y ministros de las carteras afectadas por los ajustes.

La respuesta de la oposición, ante el crucial anuncio, no se hizo esperar y el PSOE exigió que Rajoy comparezca en el Congreso para explicar en detalle los nuevos ajustes. El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba había acusado previamente al jefe de gobierno de confundir a los ciudadanos con la posibilidad de establecer el copago sanitario, así como otras fórmulas preocupantes que abren el camino al arancelamiento del sistema público sanitario. En ese sentido, Rubalcaba exigió a Rajoy que aclare sus propuestas, al tiempo que defendió la sanidad pública española, que calificó como “la joya de la corona” de los servicios públicos del país.

El líder socialista volvió a cargar contra el gobierno cuando acusó a De Guindos de utilizar el tema de la reforma del sistema de salud para tranquilizar a los mercados, que presionan a España exigiendo nuevas reformas de corte neoliberal. Por su parte, el dirigente de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, dijo que el Ejecutivo pretende cambiar de un modelo universal para todos, independientemente de la renta, a un modelo que busca eliminar una parte del sistema. “De Guindos, al parecer, ignora que la sanidad se financia con impuestos según la renta y propone el repago para ricos”, escribió el diputado de IU en su cuenta de Twitter.

El anuncio de las reformas en sanidad y educación, dos áreas sensibles para los ciudadanos, llega en un momento en el que España vuelve a estar en el foco de los inversores, que dudan de su capacidad para hacer frente a sus deudas. Es que el gobierno se comprometió a reducir este año su déficit público del 8,5 por ciento del PIB hasta el 5,3 por ciento –meta fijada por la UE–, y con ese objetivo aprobó el mayor ajuste de la historia, desde el final del franquismo, y una reforma financiera y laboral que abarata y facilita el despido, que fue rechazada con una huelga general el 29 de marzo. A pesar de que las medidas aprobadas siguen las recetas exigidas por la UE y el FMI, los mercados mantienen el riesgo o riesgo país de España al límite del rescate, por encima de los 400 puntos. En este escenario de incertidumbre, el PP se atreve a plantear la históricamente resistida privatización del sistema sanitario con el argumento de que el sistema es deficitario. “Se acumularon deudas por más de 15 mil millones de euros en las comunidades autónomas”, dijo el ministro de Economía sobre la situación del sistema sanitario español, que está descentralizado y, por lo tanto, depende del presupuesto de los gobiernos regionales, en su mayoría en manos del PP.

De Guindos subrayó además que las comunidades autónomas no pueden seguir generando déficit, que es lo que mantiene a España en la mira de los mercados (ver recuadro). España –y buena parte de Europa– se enfrenta al mismo discurso esgrimido en los ’90 por los defensores del libre mercado para privatizar servicios públicos esenciales en todo el mundo y, especialmente, en Latinoamérica, siguiendo las recetas neoliberales del Concierto de Washington planteadas por el FMI y los organismos internacionales de crédito.