Camille Chalmers, economista y analista haitiano, tiene una sonrisa amplia que deja entrever dientes blancos y brillantes. A lo largo de su diálogo con Página/12, esa expresión se irá desdibujando progresivamente al recordar algunas de las catástrofes de aquel terremoto que cambió para siempre la vida de los haitianos en 2010. Como la Universidad de Lingüística que desapareció en un minuto junto con 5000 alumnos y decenas de profesores. O su preciada biblioteca, que fue sepultada junto con su casa, lo que hizo que viva refugiado en una carpa hasta que él y su esposa pudieran alquilar algo “chico y feo” en la periferia de Puerto Príncipe. Crítico del presidente Michel Martelly y de las tropas humanitarias de la ONU, Chalmers mira a Latinoamérica y especialmente al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) para que formen pistas alternativas de cooperación y solidaridad con Haití.

–¿En qué fase del proceso de reconstrucción se encuentra Haití actualmente?

–A más de dos años del terremoto es sorprendente ver que no hay cambios con respecto al día siguiente de aquel suceso. Todavía el 50 por ciento de los escombros no fueron removidos. Las infraestructuras más importantes que cayeron, tales como el Palacio de Justicia, el Palacio Nacional, 49 edificios universitarios, más del 60 por ciento de los hospitales no fueron reconstruidos. Todo eso está en el suelo. De los desplazados hay todavía 600.000 personas en la calle viviendo bajo carpas en precariedad, eso es inaceptable. Supuestamente dos años después la comunidad internacional gastó 4000 millones de dólares y realmente no se ven los efectos directos concretos de esa reconstrucción. Un ejemplo significativo es Puerto Príncipe, donde perdimos más de 300.000 casas del casco urbano, el centro histórico está destruido en un 80 por ciento y todavía no hay un plan consensuado para la reconstrucción de la capital. El contraste más grande es la enorme y bella ola de solidaridad que se levantó alrededor de Haití después del terremoto, no solamente la interna que fue clave y salvó muchas vidas, sino también de pueblo a pueblo. De la plata desembolsada una parte muy chica llega al terreno, la mayoría fue cooptada por los gobiernos, por las grandes agencias bilaterales de ayuda o por las ONG.

–¿No existe ningún órgano de control establecido?

–Después del terremoto se organizó una conferencia de donantes en la ONU. De aquélla salió una decisión muy grave de hacer una ley de emergencia que permita firmar contratos y tomar decisiones sin pasar por los procedimientos legales. Era una ley de emergencia que daba 18 meses para actuar fuera de todo mecanismo de control. Después de esos 18 meses pasaron muchas cosas muy cuestionables. Se evidencia ahora que se marginalizó al gobierno de Haití, que de los 2000 millones de dólares desembolsados para ayuda humanitaria recibió sólo el uno por ciento de esta suma. Inclusive el gobierno dominicano recibió más dinero. Estamos ante un debilitamiento muy grave del Estado y una situación donde los actores haitianos no tienen los mecanismos de control de las decisiones estratégicas.

–¿Cómo califica el rol de la misión de las tropas de estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), desplegadas desde hace ocho años en territorio haitiano?

–Durante la presencia en estos últimos años de la Minustah hemos vivido varias crisis humanitarias graves y en cada ocasión su presencia no se ha transformado en un apoyo real al pueblo de Haití para hacer frente a esas crisis. Por el contrario, una de las respuestas de la Minustah frente al terremoto fue alquilar un barco donde las tropas pudieran dormir en la bahía de Puerto Príncipe. Ese alquiler le costó a la ONU 112.000 dólares al día, lo que constituye una movilización de recursos insultante. Desde 1992 tuvimos varias intervenciones de la ONU. En 1994 tuvimos una incursión militar y una segunda en 2004. Es una tropa de ocupación disfrazada de fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, que responde al capítulo 7 de su Carta Magna. Pero es una manipulación, ya que no existieron crímenes de guerra o genocidios en aquellas oportunidades, como para intervenir de aquella manera ilegítima en Haití. Por otra parte aparecen cada vez más episodios de violación masiva a mujeres, a niñas y adolescentes. Se arman cortes marciales y se les dan condenas de un año, como mucho. La respuesta de la Minustah es repatriarlos, pero sin ningún proceso judicial consistente.

–¿Cómo articula el gobierno de Martelly las demandas de los remanentes de las fuerzas armadas de Haití que exigen su restitución?

–Martelly intenta lanzar un proceso de renacimiento del antiguo ejército, pero de manera que parece más un proceso de fuerza paramilitar muy ligada a intereses corporativos y de la oligarquía, pero que no tiene nada que ver con un ejército nacional republicano. Hay mucha resistencia a ello, pero se aprovecha del papel de la Minustah para decir que necesitamos una fuerza armada. Existe un cuerpo paramilitar ilegal que por debajo de la mesa recibe armas, equipamiento, uniformes y financiamiento por parte del gobierno. Ocupan cuarteles y, al mismo tiempo, la sociedad civil denuncia esas maniobras que nos pueden conducir a un regreso de la dictadura. Sabemos que Martelly tiene mucha relación con los remanentes del duvallierismo y mucha tentación autoritaria.

–¿Se refiere a lo que Martelly definió como reconciliación nacional, cuando sugirió que no vería con buenos ojos un juicio por crímenes de lesa humanidad contra el dictador Jean-Claude Duvallier (1971-1986)?

–Su presencia tras su exilio de 25 años en Francia es insultante para los miles de campesinos masacrados y los pueblos enteros quemados bajo su dictadura que trajo mucho dolor y sufrimiento. Es evidente que está protegido por el gobierno y la Justicia que le perdonan todo crimen político y de lesa humanidad.

Informe: Juan Nicenboim.