Con el euro o la libra, Europa sigue metida en un ajuste de nunca acabar. El secretario del Tesoro de la coalición conservadora-liberal demócrata, que lleva adelante uno de los programas de austeridad más duros de la Unión Europea, señaló ayer que el gobierno tiene que identificar nuevos recortes del gasto equivalentes a 16 mil millones de libras (unos 25 mil millones de dólares).

En su discurso ante el prestigioso Instituto de Estudios Fiscales, el secretario Danny Alexander señaló que cada ministerio tendrá que tener recortes listos, equivalentes a un 5 por ciento adicional de su presupuesto, por si ocurren “hechos imprevisibles”. Estos recortes se añadirían al draconiano ajuste anunciado en octubre de 2010, a pocos meses de asumir el poder. En ese momento la coalición anunció un plan de recortes de 80 mil millones de libras para sus cinco años de gobierno, a fin de ganar la confianza de los mercados y evitar una crisis a la griega.

A 18 meses del anuncio, la economía viene cayendo en picada y las cuentas fiscales no terminan de cerrar. A pesar de que el gasto fiscal será en 2016 equivalente al 39 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) –casi 10 por ciento menos que al asumir la coalición–, la deuda crecerá en más de 500 mil millones de libras para ese mismo año. El gobierno está pidiendo prestado más dinero de lo que había calculado porque las promesas del ajuste no se han materializado: en vez de crecimiento, el Reino Unido está rozando su segunda recesión en tres años, con un record de desempleo. Para que no haya nuevas sorpresas, Alexandre señaló que los ministerios tendrán que informar sus gastos mensuales al Tesoro. “En medio del actual clima económico, con la continua inestabilidad de la Eurozona, el déficit del Reino Unido es una vulnerabilidad muy grave”, dijo Alexandre.

A pesar de esta manifiesta voluntad ortodoxa de ajuste fiscal, en febrero y marzo, dos de las tres agencias crediticias estadounidenses, Moody y Fitch, le bajaron el pulgar a la economía británica. Ambas pusieron al Reino Unido en estado de observación, paso previo a que, si los datos económicos no mejoran, les quiten la calificación AAA. El ministro de economía, George Osborne, ha considerado este AAA, que potencialmente reduce el costo de financiamiento del déficit fiscal, como una suerte de faro totémico que guía todas sus decisiones económicas. Por el momento no le ha dado resultado.

El problema es el mismo que muy a regañadientes, y con una importante dosis de esquizofrenia, empiezan a reconocer el Fondo Monetario Internacional, las agencias crediticias y los “mercados financieros” respecto de la crisis europea en general: si las economías no crecen, los programas de ajuste no sirven (a pesar de lo cual todos siguen pidiendo más esfuerzos). El año pasado, la economía británica creció un famélico 0,8 por ciento; en el último trimestre, el PIB registró una caída del 0,3 por ciento. Y más allá de estos datos coyunturales, otros empiezan a perfilar tendencias de largo aliento. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, el ingreso promedio ha sufrido la peor caída en 25 años, en momentos en que el ajuste recién comienza. En los próximos tres años se calcula que cientos de miles de empleados públicos perderán su trabajo, con lo que caerá la recaudación y aumentará el gasto fiscal por el seguro de desempleo.

Mañana, la Oficina de Estadísticas Nacionales anunciará si la economía tuvo crecimiento negativo o positivo en el primer trimestre de este año. Si los datos son negativos, el Reino Unido habrá entrado técnicamente en su segunda recesión. El dato sería un duro golpe mediático para la coalición, por más que la diferencia entre el escenario optimista (crecimiento del 0,3 por ciento) y el pesimista (caída por debajo del 0 por ciento) dista de ser tan drástica. Fracción más, fracción menos, en la práctica, la economía británica comenzará el año con el mismo grado de estancamiento que en 2011 y con pocas perspectivas de mejoramiento.