[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Luis González Warcalde, quien quedó interinamente a cargo de la Procuración General, resolvió designar a cuatro fiscales para colaborar como coadyuvantes en la causa sobre el presunto tráfico de influencias que el vicepresidente Amado Boudou atribuyó al estudio jurídico que integran la esposa y el hijo del ex procurador Esteban Righi. La noticia desató un gran alboroto en tribunales por dos razones: una es que la investigación penal todavía no comenzó porque Boudou aún no ratificó su denuncia, por ende no está claro en función de qué se designan semejantes refuerzos. El otro punto es que según González Warcalde el pedido de apoyo provino del fiscal del caso, Jorge Di Lello, quien lo desmintió en forma rotunda. En la Procuración es conocido el poco afecto que el titular transitorio guarda hacia Righi, ya que considera que durante sus ocho años de gestión lo corrió de los asuntos de mayor importancia. En otra resolución en la misma línea pidió una reforma que amplíe las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Righi interpretaba que sólo podía quedar al frente de un expediente cuando el fiscal titular desistía de hacerlo, lo que motivó la renuncia al organismo del actual diputado Manuel Garrido.

Según González Warcalde, la Procuración “no puede soslayar” la denuncia de Boudou por su “gravedad institucional” y porque su “misión” es promover “la investigación de cualquier” posible “delito de acción pública (...) y con más razón cuando pudiere aparecer sindicado (...) quien ejercía la mayor jerarquía”. Lo que el vicepresidente denunció es que el estudio que integran la esposa y el hijo de Righi le ofreció hacer lobby en los tribunales federales, presagiándole que tendría problemas, lo que Boudou vincula con el caso Ciccone. “Por la importancia de lo denunciado y la envergadura de las circunstancias” que llevaron a la renuncia de Righi, dice González Warcalde, “resulta conveniente brindar apoyo y asistencia necesaria al titular de la fiscalía federal interviniente”. Luego afirma que fue el fiscal Di Lello –quien tiene asignada la causa junto con el juez Ariel Lijo– quien le requirió colaboración.

Consultado por Página/12, Di Lello desmintió haber pedido refuerzos, algo que no estila y que sólo hizo en dos causas en las que necesitó ayuda técnica sobre lavado de dinero. Dijo que asistió a una reunión con González Warcalde ayer a la mañana, convocado por él, quien le ofreció fiscales coadyuvantes. Le dijo que no era necesario, pero que era su decisión. Poco después de las 15.30 el fiscal adjunto Carlos Racedo apareció en su despacho con la orden de ayudarlo. Lo habían designado junto con el fiscal de Cámara Germán Moldes y dos adjuntos más, Graciela Sterchele y Eugenia Anzorreguy. Un dato llamativo es que todavía no hay investigación abierta ni habrá mientras Boudou no ratifique la denuncia, con lo cual el procurador interino se estaría anticipando a algo que no sucedió. Tampoco es Righi en persona el denunciado, sino miembros del estudio que incluye su apellido. González Warcalde quedó al frente de la Procuración –cabeza de todas las fiscalías– mientras se define si Daniel Reposo es nombrado como titular definitivo. Le tocó el interinato por ser el más antiguo de los procuradores adjuntos, nombrado como parte del armado de una Justicia afín durante el gobierno de Carlos Menem, a quien favoreció en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia.

Ayer difundió también una resolución donde postula ampliar la potestad de la FIA de impulsar e intervenir en investigaciones como órgano especializado “en la lucha contra la corrupción en el Estado” que hoy, sostiene, es “desplazado” por los fiscales de instrucción. Adjunto le envía al ministro de Justicia un proyecto de reforma que incluso eleva el rango del titular de al FIA al de procurador. El papel de esa dependencia, y la interpretación que hizo Righi, fue disparador del enfrentamiento con Garrido en 2009 quien denunció que le habían recortado atribuciones.