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El gobierno de Colombia rechazó toda posibilidad de abrir una discusión, a nivel nacional, sobre el rol de la prensa, tal como reclamaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para liberar a Romeo Langlois. Y señaló que el Ejecutivo no puede polemizar con criminales. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, negó que el gobierno negocie la entrega del periodista francés y tildó la propuesta de la guerrilla de absurda. Anteayer, la conducción de las FARC admitió oficialmente tener secuestrado al periodista como prisionero de guerra: el argumento para detenerlo fue que llevaba puesta ropa militar. La guerrilla más antigua del continente remarcó, por su parte, que “lo mínimo que puede esperarse, para la recuperación de su plena movilidad, es la apertura de un amplio debate nacional e internacional sobre la libertad de informar”. Para Pinzón, las FARC “no pueden venir a establecer condiciones de ningún tipo”. Amnistía Internacional (AI) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumaron ayer al reclamo en favor de la liberación de Langlois.

Langlois, quien trabaja como reportero del canal de televisión France 24, acompañaba el 28 de abril a una patrulla combinada del ejército y la policía que buscaba destruir laboratorios para procesar cocaína en el selvático departamento de Caquetá. Los insurgentes emboscaron al grupo en el caserío de Unión Peneya, en jurisdicción del municipio de La Montañita, donde se generó un combate que finalizó con tres militares y un policía muertos. Así fue como Langlois terminó en manos de la guerrilla. La directora de AI para América latina, Susan Lee, destacó que aunque un debate sobre la libertad de expresión y la manera como los medios de comunicación cubren el conflicto en Colombia puede ser positivo, “no debe ser utilizado como un pretexto para mantener a un periodista cautivo”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, juzgó como “absolutamente improcedente” que las FARC pongan condiciones para la liberación. En un comunicado difundido por el organismo, Mohme mencionó una resolución de Naciones Unidas (ONU) donde se establece que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales, en zonas de conflicto armado, deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos”.

La polémica sumó ayer una nueva propuesta, cuando un miembro del Comité Internacional por la libertad de Joaquín Pérez –fundador y director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), preso en Bogotá– propuso el canje de éste por Langlois. El de la curiosa idea fue Luis Ernesto Almario, colombiano exiliado en Australia y miembro del comité. “Si a uno lo toman en combate, uno es prisionero de guerra. Dicen que fue secuestro, ¿cuál secuestro? El iba al lado del ejército”, dijo Almario, corresponsal de Anncol, vocera de los comunicados de las FARC.

“Queremos plantear un cambio de prisioneros de guerra y un debate sobre qué es el periodismo en Colombia y por qué tenemos que salir al exilio”, expresó en declaraciones a la W Radio.