Desde Londres

En medio de la crisis económica y política en el mundo árabe y la Unión Europea (UE) el informe anual de Amnistía Internacional criticó duramente a los gobiernos por su falta de respuesta a las demandas sociales. “De Nueva York y Moscú a Londres y Atenas, de Dakar y Kampala a La Paz y Cuernavaca, de Phnom Penh a Tokio, la gente tomó la calle. Fue patente el contraste entre la valentía de los que exigen derechos y la incapacidad de los líderes para responder con medidas concretas”, señaló el secretario general de Amnistía Internacional Salil Shetty.

El informe global 2012 de la organización de derechos humanos con sede en Londres abarca desde las rebeliones que sacudieron al mundo árabe, a partir de la inmolación de un vendedor ambulante tunecino a principios del año pasado, hasta las manifestaciones contra los programas de austeridad que sacuden al mundo desarrollado. “La crisis económica ha puesto de manifiesto una ruptura del pacto social entre el gobierno y la ciudadanía. En el mejor de los casos, los gobiernos se mostraron indiferentes. Muchas veces solo se preocuparon por proteger a los poderosos”, subrayó Shetty.

En el mundo árabe ese pacto social era una quimera que solo comenzó a plantearse con el comienzo de la rebelión. “La respuesta de los gobiernos a la Primavera Arabe fue brutal y Occidente se preocupó más por mantener el statu quo que por promover la democracia, todo agravado por una retórica crecientemente xenófoba de la Unión Europea ante el considerable número de refugiados que comenzó a llegar del norte de Africa. Hoy la Primavera Arabe se está convirtiendo en muchos aspectos en un invierno”, señaló a Página/12 Javier Zuñiga, asesor del secretario general de Amnistía Internacional.

Egipto es un caso paradigmático. Dado a conocer el mismo día de las elecciones presidenciales en ese país (ver página 22), el informe señala que los ideales revolucionarios están en peligro. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el poder tras la caída de Hosni Mubarak con la promesa de dirigir la transición, ha procesado o llevado ante jueces militares a más de 12 mil civiles, muchos más que durante los 30 años de gobierno de Mubarak. Las mujeres han salido especialmente mal paradas. En marzo de 2011, las fuerzas de seguridad obligaron a un grupo de detenidas en una manifestación a someterse a pruebas de virginidad. Amnistía Internacional destaca que un tribunal administrativo egipcio dictaminó que tales pruebas no tenían valor legal, pero cuando la organización les pidió a los partidos políticos que se comprometiesen a proteger principios básicos de derechos humanos, los dos partidos que obtuvieron la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias se negaron a hacerlo. El Partido de la Libertad y la Justicia, de la Hermandad Musulmana, que consiguió 235 escaños (el 47 por ciento), no respondió a la petición y el partido salafista Al Nur, que quedó en segundo lugar con 121 escaños (el 24 por ciento), se negó a promover los derechos de las mujeres o la abolición de la pena de muerte.

Amnistía Internacional es igualmente dura con los países desarrollados y su respuesta a la crisis económica. Coherente con la extensión que hizo del concepto de derechos humanos al campo económico y social en su informe de 2009, Amnistía critica “las políticas internas que han llevado a la persistente crisis económica y a una gran tolerancia con la desigualdad”. Las protestas en Europa y América del Norte mostraron que “la gente había perdido la fe en gobiernos que desdeñan una y otra vez la rendición de cuentas, la justicia y la promoción de la igualdad”. Esta creciente deslegitimización tuvo un claro impacto político: desde el estallido de la deuda soberana 16 países de los 27 que forman la UE han cambiado de gobierno.

Dada la profundidad de la crisis, la legitimidad de los nuevos gobiernos no dura mucho y suele acortarse aún más con la represión policial de las protestas. “En Grecia, la policía utilizó reiteradamente fuerza excesiva e hizo amplio uso de productos químicos contra personas que protestaban pacíficamente. En España, hubo un uso excesivo de la fuerza para poner fin a manifestaciones en demanda de cambios políticos, económicos y de política social”, puntualiza el secretario general de Amnistía Internacional.

Este “singular fracaso del liderazgo nacional e internacional” es también evidente, según el informe, en el creciente poder de las multinacionales para eludir toda regulación y obtener beneficios a costa de las comunidades locales. “Desde Shell, en el delta del Níger, Nigeria, hasta Vedanta Resources, en Orissa, India, los gobiernos no garantizan que, como mínimo, los agentes empresariales respeten los derechos humanos. En muchos países, cientos de miles de personas son objeto de desalojo forzoso cuando llegan las empresas mineras y reclaman tierras donde hay recursos naturales”, señala el secretario general Salil Shetty. Amnistía saluda el papel de las nuevas tecnologías en la democratización, pero critica a muchas de sus empresas. “Se ha demostrado que empresas que aparentemente se dedican a la expresión y el intercambio de opiniones (y se benefician de ello), como Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Vodafone y Yahoo, están colaborando en la comisión de violaciones de derechos humanos”, señala el secretario general.

A nivel regional, Amnistía Internacional destaca que la demanda por derechos humanos se hizo oír en toda la región durante 2011: en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano y en las calles. “Las peticiones de justicia realizadas por ciudadanos individuales, defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas siguieron ganando fuerza y a menudo condujeron a quienes las realizaban al enfrentamiento directo con poderosos intereses económicos y políticos”, señala Salil Shetty. Esta movilización se produce en contextos políticos dramáticos como con las matanzas del narcotráfico en México (más de 12 mil muertes el año pasado) o el conflicto en Colombia. En el caso de Brasil, el elevado índice de delincuencia violenta y las prácticas de los cuerpos de seguridad fueron los puntos más resaltados por Amnistía, que señaló que el atentado contra la jueza Patricia Acioli muestra el alcance y la confianza con que operan las milicias. “A esto se suma la expulsión a menudo violenta de sus tierras de los grupos indígenas, tanto en Brasil como en Colombia, Guatemala o México. Un creciente problema en América latina es que multinacionales o grupos nacionales inician explotaciones petroleras, mineras o forestales sin respetar los derechos de los indígenas o de las comunidades que viven en el lugar”, señaló a este diario Zuñiga.