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Con algo más de 180 legisladores en el recinto de la Cámara de Diputados y una raleada presencia opositora, el oficialismo y sus aliados parlamentarios ratificaron a mano alzada los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con que el Ejecutivo intervino YPF e YPF Gas –entonces en manos de la española Repsol– y designó a sus interventores en la compañía, cuya mayoría accionaria pasó a controlar el Estado tras la aprobación de la ley de expropiación de la petrolera. La mayoría de la oposición, salvo algunas excepciones, se alineó en defensa de la “seguridad jurídica” para intentar sin suerte rechazar los decretos.

“Pretender ceñir esta ley a la cuestión judicial es falaz, porque esto sólo se aplica a las intervenciones que deban efectuarse cuando se afecte el interés privado”, abrió el debate sobre los DNU Jorge Landau, como miembro informante del oficialismo. “Pero aquí –advirtió Landau– nos hallamos ante una cuestión de interés público. La intervención del Estado marca esta cuestión como un eje esencial del derecho administrativo.”

El radicalismo fue el primero en manifestar su rechazo. “Nosotros no defendemos la seguridad jurídica solamente de los que invierten y de los que se la quieren llevar. Nosotros defendemos la seguridad jurídica para la previsibilidad de la economía, para ser un país confiable”, dijo el bonaerense Juan Tunessi.

“Es una flagrante violación a la seguridad jurídica”, arremetió el peronista federal Eduardo Amadeo para sostener que “no hay inversiones, porque quién va a traer plata si después no la pueden sacar”, y calificó la política económica como “delirante por tozudez ideológica, por paranoia”.

Para el macrista Federico Pinedo, “nadie puede ser privado de una propiedad sin que haya previamente una ley y haber pagado una indemnización por ella” y presagió que “mañana con un decreto simple o un funcionario con una resolución se puede apropiar de cualquier empresa”.

“El mensaje es terrorífico”, agregó el diputado del PRO, para oponerse a “los decretos horripilantes”. La CC y el GEN también se alinearon con el rechazo.

“Como Julio De Vido no es Mosconi, Baratta (director por el Estado en YPF) nos salió muy caro al firmar y validar todos los balances de Repsol, les decimos no a los decretos que designan a quienes encubrieron el vaciamiento de YPF”, sostuvo Claudio Lozano para justificar la posición de la UP-FAP. Proyecto Sur, que apoyó la expropiación y la intervención, tampoco quiso avalar la designación de De Vido y se retiró del recinto.

“Convalidamos todos los actos jurídicos del Gobierno sobre la expropiación de YPF”, sostuvo el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, y defendió la designación de De Vido en la intervención como “el funcionario de mayor rango en el área”. Rossi recordó que poco tiempo después de la expropiación, Repsol “anuló las importaciones de gas licuado” para la Argentina y hasta arriesgó que si no se decretaba la intervención, la petrolera española podría haber puesto en peligro el abastecimiento de combustibles.

La votación que ratificó parlamentariamente los DNU del Ejecutivo fue a mano alzada. Resignada, la oposición ni siquiera garantizó la presencia de la mayoría de sus legisladores en el recinto.