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Un nuevo incidente violento empañó el acuerdo alcanzado por el gobierno venezolano y la oposición sobre la ejecución de un referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez. Cuando ayer se desarrollaba una marcha con miles de opositores en el sector caraqueño de Catia, un tiroteo presuntamente de francotiradores provocó la muerte de una persona y heridas a 15 –tres policías y 12 civiles–. Según testigos, los tiros vinieron de francotiradores apostados desde edificios del complejo 23 de Enero, al oeste de la capital. La marcha había sido convocada por el principal partido opositor, Acción Democrática (AD). Enseguida, el gobierno acusó a la oposición de boicotear el pacto electoral. Y los opositores culparon al oficialismo de lo sucedido.
El vicepresidente José Vicente Rangel acusó a la oposición de haber “planificado” el tiroteo y de “sabotear” el acuerdo anunciado anteayer por el presidente Chávez para celebrar un referendo revocatorio sobre su mandato, a partir del 19 de agosto, según establece la Constitución. Pero Rangel aseguró que el tiroteo no frenará el pacto electoral, previsto para firmarse esta semana –se habló de mañana o el martes–. La firma del acuerdo fue anunciada por el propio Chávez desde Cuzco (Perú), donde participó en la cumbre presidencial del Grupo de Río. “Esto es una provocación buscando un muerto y varios heridos. Esta hipótesis la hemos confirmado”, dijo a periodistas Rangel, quien acusó al grupo Bandera Roja, de extrema izquierda (vinculado a la oposición), de activar la violencia en el sector. Entre los 15 heridos figuran tres efectivos de la militarizada Guardia Nacional, presuntamente emboscados en el sector Agua Salud de Catia antes de iniciarse la concentración, señaló Rangel. El opositor alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña, culpó al gobierno de “promover la impunidad, que da confianza a los violentos para seguir actuando”.
Los tiroteos se sucedieron en la calle Perú, donde se concentraban miles de opositores, y calles adyacentes, incluso con armas largas desde edificios vecinos y del 23 de Enero. El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, responsabilizó por su parte al gobierno. “Estos muertos y heridos son culpa del gobierno y los grupos civiles que lo siguen”, dijo al criticar las declaraciones de Rangel, acerca de que se trató de una acción provocada por opositores. Manuel Cova, secretario general de la máxima central obrera CTV, cuya cúpula dirigente está vinculada históricamente a AD, también culpó al gobierno y pidió a la oposición mantenerse en las calles, “porque el pueblo no puede sucumbir a la violencia”. A su vez, el diputado democristiano César Pérez Vivas lamentó que “el gobierno no haya podido resistir su tentación por la violencia” y responsabilizó a los grupos de izquierda Tupamaro y Carapaica, que operan en el 23 de Enero y vinculados al oficialismo.
Rangel aseguró que el gobierno impulsará las investigaciones para ubicar los autores de los disparos. El acuerdo que se debe firmar esta semana, tras meses de negociaciones bajo la mediación de la OEA, facilitará según los opositores la realización de un referéndum para revocar el mandato de Chávez, reelecto en el 2000 para un período de seis años. El pacto contempla además un asunto inconcluso: la renovación del Consejo Electoral.