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En la campaña no se ha hablado de otra cosa que del escándalo de corrupción, aunque los líderes de la centroizquierda han intentado hilvanar un mensaje crítico sobre la situación italiana, citando la “mina” de las pensiones, que estallará inexorablemente si no se reforma el actual sistema, o evocando el fantasma de la recesión económica tras un primer trimestre de 2003 con crecimiento negativo y del aumento de la delincuencia. Pero el verdadero debate político, recogido ampliamente por la prensa, ha sido y es otro bien distinto: los problemas judiciales de “Il Cavaliere” y sus repercusiones sobre Italia.
Agitando el semestre de presidencia de la UE que comienza en julio como un fantasma, Berlusconi había conseguido movilizar a todo el país, oposición y presidente de la República incluidos, en la búsqueda de una solución a su caso. Algo había que hacer para salvar al jefe del gobierno italiano del oprobio de tener que compatibilizar las brillantes sesiones de gobierno comunitario con el banquillo de los acusados en el tribunal de Milán, donde se lo juzga por soborno a varios jueces. La centroderecha había madurado la idea de aprobar un plan (laudo Maccanico) que permitiría a los principales funcionarios institucionales del país eludir un tribunal mientras están en funciones. Sólo que, hace apenas una semana, los magistrados que juzgan a Berlusconi tomaron una “diabólica” decisión: juzgar por separado a Il Cavaliere, aceptando sus impedimentos institucionales, y seguir por la vía rápida el proceso en el que están implicadas ocho personas, entre ellas su ex abogado Cesare Previti.
Una decisión que gustó a la oposición, al restar urgencia a la aprobación del “laudo Maccanico”. Los abogados y expertos en Derecho que rodean a Berlusconi han descubierto, sin embargo, que la medida puede ser mortífera. Juzgando con celeridad y, probablemente, condenando a Previti, los jueces de Milán asestarán un golpe mortal a la imagen del primer ministro. De hecho, los cargos contra Previti están relacionados directamente con el que fue su cliente. El delito es el de haber sobornado a varios jueces romanos para “amañar” sentencias a favor de Berlusconi. Y en caso de condena, podría hasta constar por escrito esta conexión.
De ahí que los juristas de Il Cavaliere trabajen a marchas forzadas en busca de una ley que no sólo aplace la sentencia de Berlusconi, sino que paralice su proceso. Pero una ley de estas características despertaría fuertes críticas en la oposición, y difícilmente obtendría el respaldo presidencial. A menos que estuviera precedida por un sonoro triunfo electoral de Il Cavaliere.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.