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Por Clodovaldo Hernández *
Desde Caracas

La confrontación entre el gobierno de Hugo Chávez y los medios de comunicación social venezolanos ha alcanzado en los últimos días una intensidad máxima al llegar a su fase final la discusión de una ley que regulará a los medios audiovisuales. La pelea es incluso semántica: el gobierno habla de la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mientras la oposición comenzó por llamarla Ley de Contenidos y luego pasó a denominarla Ley Mordaza. La concentración opositora prevista para hoy en el empobrecido sector de Petare, en Caracas, fue convocada hace tres semanas en rechazo a dicha ley. El vicepresidente, José Vicente Rangel, advirtió que si la convocatoria se torna violenta el gobierno redefinirá sus medidas de orden público respecto de las manifestaciones.
El borrador espera por una segunda y definitiva discusión en la unicameral Asamblea Nacional, pero el debate no ha podido realizarse por las intensas pugnas que han paralizado la actividad parlamentaria en los últimos días. El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, el organismo promotor del proyecto, asegura que es precisamente esta ley la que ha causado el bloqueo. “Allí hay 40 leyes en espera, pero los únicos que tienen poder suficiente para paralizar un Parlamento con tal de evitar que se apruebe una ley son los medios de comunicación”, aduce.
La ley establece diversas franjas de horario (todo público, supervisado y adulto), permitiendo la difusión de cualquier tipo de programas y publicidad en la última y restringiendo algunos contenidos en las otras. Las limitaciones se refieren a violencia, sexo y lenguaje, un cóctel polémico desde que el mundo es mundo. Los más populares moderadores de programas de opinión están encabezando una campaña contra la ley, alegando que sus espacios serán censurados o cerrados. Otro aspecto que escandalizó a los periodistas y propietarios de canales de televisión es que la ley impediría mostrar, en horarios diurnos, imágenes en directo de disturbios y otros hechos violentos, el pan de cada día en los últimos años en un país convulsionado por la agitación política y la delincuencia común. “No se trata de cercenar la libertad de información, sino de evitar daños psicológicos, especialmente entre los niños. Si se presenta una escena de violencia en medio de una transmisión en vivo y la televisora toma las medidas oportunas, no será sancionada”, aseguró el funcionario.
Otro de los puntos cuestionados por los dueños es la amplia protección y estímulo que le otorga la ley a los llamados productores independientes, ciudadanos y empresas no vinculados con los propietarios, que tendrán acceso al 36 por ciento de los tiempos de transmisión. Los propietarios consideran que esta norma atenta contra su derecho a la propiedad privada. Chacón se defiende diciendo que la estructura cerrada de las radios y televisoras impidió que en Venezuela se desarrolle la industria del entretenimiento como lo hizo en otros países de similar nivel. Los propietarios también ven con horror la creación de un fondo, al que irán a parar dos por ciento de sus ganancias, destinado a propiciar la educación crítica de los oyentes y televidentes.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.