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La empresa controlante de EDEA –distribuidora eléctrica del centro y sur de la provincia de Buenos Aires– decidió pedir convocatoria de acreedores, aduciendo que resultó fuertemente perjudicada por el congelamiento de tarifas a partir de la ley de emergencia económica, de enero de 2002. La concesionaria, Inversora Eléctrica de Buenos Aires, empresa que controla Camuzzi Argentina (55 por ciento) asociada a United Utilities (45), acusó al gobierno nacional por la cesación de pagos en la que cayó e, indirectamente, les tiró presión a las autoridades provinciales, a las que le corresponde definir la tarifa eléctrica que la distribuidora le cobra a sus 407 mil clientes bonaerenses.
La zona atendida por EDEA abarca 105 mil kilómetros cuadrados, incluidos todos los municipios costeros desde Chascomús a Tres Arroyos y en una franja que va de Olavarría a Mar del Plata. Desde finales de 2001, la concesionaria mantiene suspendidos los pagos de capital e intereses de títulos de deuda por un monto total de 230 millones de dólares, con vencimientos en 2002 y 2004. Dichos títulos habían sido emitidos en 1997 en dos series, una a cinco años por 100 millones de dólares, con un interés del 8,65 por ciento anual, y otra a siete años por 130 millones, con interés del 9 por ciento.
A partir de enero de 2002, destacó la empresa ayer en un comunicado, “las variables económicas en las que se desarrolla la actividad de EDEA fueron afectadas por la ley de Emergencia Pública, que congeló sus tarifas, devaluó el peso frente al dólar y también generó un posterior proceso de inflación”. Esas condiciones fueron las que le impidieron a la distribuidora “generar los dividendos necesarios para hacer frente al pago de las obligaciones en moneda extranjera”.
Las demandas de los tenedores de títulos y proveedores de EDEA no son las únicas que se han hecho oír contra la concesionaria. También el sindicato que agrupa a los ex empleados de Eseba (empresa provincial de energía) transferidos a EDEA, la Fetera, reclama desde hace cinco años por la cesión de los derechos sobre el 10 por ciento del capital, correspondiente al programa de propiedad participada (PPP). Las autoridades de Fetera calculan el valor de dicho paquete accionario en 40 millones de pesos.
“Un juez ya ordenó la incorporación de un veedor en el Directorio, resolución que acaba de ser ratificada en Cámara”, precisó José Rigane, secretario general de Fetera. “No nos sorprende la noticia del llamado a concurso de acreedores, porque los propietarios de EDEA hace rato que vienen practicando una política de vaciamiento, y no parece casual que justo que está por entrar un veedor externo con acceso a la información se anticipan y piden la convocatoria”, señaló en declaraciones a este diario el dirigente gremial.
La concesionaria vivió otras situaciones que la pusieron al borde de perder la concesión por reiterados incumplimientos. En una oportunidad, fue por una incorrecta recategorización de clientes, que encarecía el valor de sus abonos. En otra, fue por emitir una factura adicional anual a los clientes de la jurisdicción. Ello le valió una seria advertencia del organismo de control provincial, Oceba, con respecto a que podría llegar a pedir la caducidad de la concesión.
Por otro lado, la relación entre los dos accionistas de IEBA no pasa por su mejor momento. United Utilities, empresa del noroeste de Inglaterra que en su país presta servicios de provisión de agua y energía, advirtió a fines del año pasado que no aportaría más capital para su subsidiaria argentina. La referencia fue formulada en momentos en que hacía crisis la situación de endeudamiento de la concesionaria de EDEA y su socio principal, Camuzzi Argentina, acababa de declararse en cesación de pagos.
Las concesionarias eléctricas de la provincia están pulseando con el gobierno bonaerense, además, en torno de un nuevo marco regulatorio parael sector que podría barrer con varios de los privilegios de los que gozaron durante la década anterior. En ámbitos políticos se interpretó ayer la decisión de los socios de EDEA como una demostración de fuerza contra el gobierno: si no le respetan las condiciones que reclaman, no sólo dejarían de hacer las inversiones necesarias para mantener la calidad del servicio sino que también pondrían en juego la posibilidad de abandonar la concesión. Sucedió recientemente en Santiago del Estero y en Entre Ríos, provincias en las que dos prestadoras estadounidenses abandonaron las respectivas concesiones. La determinación de la británica United conocida meses atrás, de alguna manera, anticipa que está dispuesta a seguir el mismo camino. Falta conocer la actitud definitiva que adoptará la italiana Camuzzi.