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Corrían los primeros días de 1989. Faltaba alrededor de un mes para que la Argentina se precipitase en la hiperinflación. Dado que Economía afirmaba estar aplicando una política de austeridad y ajuste, este cronista le preguntó a Mario Brodersohn, en su despacho de secretario de Hacienda, cómo explicaba un reciente decreto por el que se había extendido por 15 años la vigencia del régimen que convirtió a Tierra del Fuego en el mayor paraíso fiscal del país. Para entonces el mecanismo ya había generado escándalos como el célebre Koner-Salgado y le provocaba al Tesoro Nacional costos que nadie se atrevía ni siquiera a calcular. Ante la pregunta, Brodersohn señaló por la ventana hacia la Casa Rosada, del otro lado de la calle, y se encogió de hombros. En pocas palabras: el asunto lo manejaba personalmente Alfonsín. Algunas versiones circulantes hablaron de un fuerte aporte de una asociación de industriales local para la campaña electoral en la que la UCR debería enfrentar a Carlos Menem.
Aquella prórroga de tres lustros venía a vencer este año, pero en abril, en una de las decisiones más sigilosas de su gestión, Eduardo Duhalde se amparó en la ley de Emergencia Económica para inyectarle otros diez años de vida al régimen de promoción para Tierra del Fuego con la facilidad de que las empresas ya establecidas en la isla podrán cambiar de rubro e iniciar nuevas actividades, admitiéndose además nuevas inversiones, amparadas por las mismas ventajas, en sectores señalados por el omnisciente criterio planificador de Duhalde.
La medida no pudo ser más oportuna ya que el próximo domingo 22 votarán los fueguinos, jugándose el gobernador Carlos Manfredotti su reelección, al igual que su vice, Daniel Gallo. Y aunque Néstor Kirchner ha demostrado no sintonizar con algunas decisiones de su antecesor y valedor político, el actual presidente sí comparte el apoyo al justicialismo fueguino, y está dispuesto a demostrarlo con un masivo respaldo económico. Este incluye permitir que sea el Estado provincial la autoridad de aplicación del régimen promocional, facultad que se demostró nefasta en provincias como La Rioja y San Luis. Lo último que mostraron los gobiernos provinciales fue decisión para fiscalizar con rigor el aprovechamiento de las prebendas por parte de los empresarios. Mientras el costo fiscal lo pagaba la Nación, los compromisos asumidos en los proyectos no se cumplían, pero las provincias convalidaban todo.
Según memora Gabriel Casaburi, de Fundación Mediterránea, en 1972 (gobernando los militares) se resolvió que era importante geoestratégicamente aumentar la población de Tierra del Fuego. Para lograrlo se otorgaron grandes ventajas aduaneras e impositivas para el ensamblaje de productos en la isla, desde donde podían ser “exportados” a la Argentina continental, cobrando incluso reintegros como si se tratase de auténticas exportaciones. Las armadurías de electrodomésticos florecieron espectacularmente, y el resto del país quedó virtualmente convertido en un mercado cautivo. Eso sí: la población fueguina creció 343 por ciento entre 1970 y 1991.
Casaburi sostiene que “esta política tuvo un enorme costo que pagamos todos los argentinos, consumiendo televisores y videos caros durante décadas, además del costo de los beneficios fiscales otorgados a las firmas. Las nuevas actividades –añade– nunca se convirtieron en competitivas porque la isla no presentaba ninguna ventaja para radicar allí los sectores promocionados.”
El generoso decreto de Duhalde, a quien movieron “razones totalmente misteriosas”, lleva a Casaburi a temer el retorno de la política industrial mágica, ya que la experiencia acumulada por el país con regímenes de zona franca y favoritismo fiscal mal administrado muestra que no generan ninguna clase de desarrollo económico. “El costo de estapolítica no figura en el Presupuesto 2003. Sin embargo –asegura– lo vamos a estar pagando todos los contribuyentes día a día, y cuando llegue la caducidad del régimen en 2013, la presión política para prorrogarlo será irresistible. Así que tenemos magia para rato.”