La medida elegida para resolver la escasez de soldados en las fuerzas armadas de Perú abrió el debate entre el oficialismo y la oposición. El decreto vinculado con la incorporación al servicio militar no establece la obligatoriedad de alistarse en la fuerza, pero obliga al pago de una multa a quienes elijan no sumarse. La oposición cuestionó que la norma es discriminatoria porque perjudica a los sectores más pobres a los que, en principio, les costaría pagar la multa de 1850 soles, alrededor de 700 dólares, para evitar enrolarse e inició ayer coordinaciones para interpelar al ministro de Defensa, Pedro Cateriano.

El decreto establece que los jóvenes de entre 18 y 25 años que salgan sorteados deberán cumplir con el servicio militar y exime a los que estudien en universidades o paguen la multa, lo que lo volvería prácticamente obligatorio para muchos, si se tiene en cuenta que el sueldo mínimo en el país es de 750 soles, unos 280 dólares. El ejército pretende cubrir 30 mil plazas en todo el país, pero las observaciones por las multas a quienes quieran evitar alistarse hizo que algunos juristas advirtieran que podrían violarse derechos civiles.

“Lo que está haciendo el ministro de Defensa es mandar al servicio militar a los más pobres, porque aquellos jóvenes que pueden pagar la multa por no aceptar el servicio podrán librarse de servir a la patria y hacer lo que quieran”, advirtió el congresista de Alianza por el Gran Cambio (APGC) Luis Galarreta. El centrista Carlos Bruce, en tanto, ironizó con que se está ante “el primer decreto legislativo en el cual se discrimina a las personas por la cantidad de dinero que poseen”. La líder de la derechista Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, también se sumó a la críticas contra la ley, al considerar que se trata de “un retroceso en la política de defensa nacional”.

Por el contrario, el viceministro de Defensa, Mario Sánchez Debernardi, señaló que no considera discriminatoria la multa para quienes no desean prestar servicio, porque consideró que casi todos pueden pagar esa cantidad. “Creo que cualquiera, toda persona podría pagar la multa; si uno maneja sin brevete (licencia) o no vota, tiene que pagar una multa; ¿cuál es la diferencia?”, manifestó Sánchez Debernardi para un noticiero televisivo. El viceministro contradijo también lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien sostuvo que los reclutados no serían enviados a cumplir misiones en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una zona de permanentes combates contra los remanentes del grupo armado Sendero Luminoso y el narcotráfico.