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Veinticuatro horas después de que el presidente del Consejo italiano, Silvio Berlusconi, hiciera votar una ley de “autoamnistía” que garantiza la inmunidad total a los cinco mayores representantes del Estado, entre ellos el mismo Berlusconi, perseguido por la mitad de los jueces del país, 14 grandes figuras de la justicia internacional promovieron en la capital francesa una declaración de largo alcance contra la corrupción. Redactado por la jueza francesa Eva Joly, a cargo en el pasado del escándalo de corrupción más vasto y sonado de la historia francesa, el caso de la petrolera ELF, el documento llamado “La Declaración de París” parece hecho a la medida de los zapatos de Berlusconi. El ejército de jueces que firmó el documento revela por sí solo el carácter de su contenido y las ambiciones que lo sustentan. Convocados por Eva Joly, el juez español Baltasar Garzón, el italiano Antonio Di Pietro, el chileno Juan Guzmán y el suizo Bernard Bertossa pusieron su firma junto a la ex presidenta de Irlanda, Mary Robinson, o el ex primer ministro canadiense Lloyd Axworthy. La Declaración de París se inscribe en la línea del “Llamado de Ginebra”, un texto elaborado en 1996 por muchos de los jueces que hoy vuelven a llamar la atención sobre la gran corrupción internacional. A modo de preámbulo, la iniciativa presentada por los jueces aspira a dar “un impulso decisivo a la lucha contra la gran corrupción en los sectores de riesgo (energía, trabajos públicos, construcción, armamentos, aeronáutica e industrias mineras), especialmente en los países occidentales cuyos bancos y grandes empresas están en el centro de esos tráficos”. Los términos y las propuestas que aparecen en la declaración prueban que los firmantes están a la altura de los escándalos que sacuden a todos los países. La aprobación por parte del Parlamento italiano de la ley que dota de inmunidad a las cinco cabezas del Estado es el ejemplo más acabado del sistema denunciado por los jueces. Auténtico “programa de acción” articulado en torno de 10 puntos clave a fin de “juzgar con eficacia a los delincuentes” y “anticiparse a la gran corrupción”, el texto exige la instauración de un “estatuto” especial para todo “dirigente expuesto políticamente” así como para cualquier persona que “ocupe cargos estratégicos”, sea en el gobierno, la administración o en la dirección de grandes empresas.
En ese contexto, los firmantes exigen “la suspensión de inmunidades diplomáticas, parlamentarias y judiciales a fin de facilitar las investigaciones” y propone que las personas con cargos importantes se vean obligadas a “justificar el origen de su fortuna”. Esa honestidad debe ser probada mediante un sistema de “vigilancia bancaria” dotado de un “dispositivo de alertas” en caso de que se constaten movimientos bancarios sospechosos en las cuentas. Asimismo, las instituciones concernidas por los grandes mercados mundiales estarían obligadas a organizar un mecanismo capaz de revelar la “totalidad de los flujos financieros”.
El juez suizo Bernard Bertossa señaló con énfasis que “todos estamos concernidos por esta gangrena para la democracia. La corrupción es como un cocodrilo. Hay que matarlo antes de que sea demasiado potente”.
El ejemplo italiano muestra lo que ocurre cuando es demasiado tarde, es decir, cuando un poder político sin contrapeso modela las leyes a su antojo y evita así que la Justicia tenga “derechos”. Lo mismo puede decirse de la jueza francesa que motivó la declaración. Si hay alguien que sabe lo que es la “presión” que ejercen los grandes aparatos del Estado cuando se descubren sus tramas secretas, es ella. Eva Joly puso el dedo enla llaga de la República francesa al descubrir una monumental red de corrupción orquestada por la empresa ELF, la multinacional francesa del petróleo. El lanzamiento de la declaración coincidió con la decisión de la Justicia francesa de “suspender” la publicación del libro escrito por Joly sobre el caso. Como el juicio se está celebrando en estas semanas, la Justicia exigió que el libro no sea distribuido hasta que los abogados de la defensa presenten sus alegatos en la corte el próximo 7 de julio. En su presentación, Joly puso a la “impunidad” como uno de los factores que desencadenan la violencia, ahondan la pobreza y, por ende, las violaciones a los derechos humanos. Los jueces presentes en la capital francesa coincidieron en decir que desde hace algún tiempo se nota “una pérdida de interés” frente al tema de la corrupción cuando, en realidad, el “fenómeno está más vigente que nunca”. El juez chileno Juan Guzmán señaló a Página/12 que con “esta declaración se está dando el primer paso como el que se dio para que se llegue a la justicia universal en el campo de lo penal”.