Desde Santiago

“Estoy aquí por dos personas, Bernardo y María, mi padre y mi madre: por su memoria y la justicia, que todavía no la hay”, dijo la noche del martes Ernesto Lejderman, hijo de una pareja asesinada por militares chilenos en diciembre de 1973. La estremecedora frase fue más potente aún pues la expresó frente al ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre, quien en esa fecha ocupaba el cargo de teniente en el Regimiento Arica de La Serena y que además era el brazo derecho del coronel (R) Ariosto Lapostol. Cuarenta años atrás, cuando Lejderman tenía dos años, Cheyre lo entregó a un convento de monjas en la ciudad de La Serena, luego de que una patrulla de uniformados asesinara a sus padres en el interior del valle del Elqui cuando intentaban cruzar la frontera.

Lejderman, cuyo padre era argentino, reside hoy en este país. Ha sostenido que Cheyre cumplió la orden de llevarlo al convento y “la patrulla militar cumplió la orden de matar a mis padres”. El martes, rememoró –en un programa de televisión– detalles de la muerte de sus progenitores y lo poco que se ha hecho para llegar a la verdad. “¿Por qué ha habido tantos años de silencio?” “No sólo yo, sino que la sociedad chilena está pidiendo una respuesta”, dijo.

Respecto de sus padres, los describió como “jóvenes que veían que el camino al socialismo por la vía pacífica era interesante, y vinieron a Chile a vivir ese proceso”. Y, a pesar de que considera que aún no se ha hecho justicia, declaró que “no les deseo a Cheyre ni a ningún genocida lo que mis padres vivieron... Me da mucha bronca. Lo que quiero es que los militares que tuvieron participación real en estos hechos tengan condenas acordes con lo que fueron estos crímenes. En el caso de mis padres, les dieron cinco años y, por arte de magia, les aplicaron media prescripción. En Chile los militares siguen teniendo muchísimo poder”, agregó e invitó al ex general a “romper los pactos de silencio”. El próximo 11 de septiembre se cumplen 40 años desde que Augusto Pinochet perpetrara el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende y que cambiara la historia de Chile para siempre.

Recién en 2009, la Corte Suprema ratificó las condenas a los ex militares Fernando Polanco, Héctor Vallejos Birtiola y Luis Fernández Monjes, por homicidio calificado en el caso del matrimonio Lejderman-Avalos.

Desde la otra vereda, Juan Emilio Cheyre, actual presidente del Consejo del Servicio Electoral (es decir, mantiene un cargo público), sostuvo que “es tiempo de cerrar heridas, y para ello no se puede olvidar: se tiene que recordar y profundizar en la verdad para que cosas como ésas no ocurran más”.

Respecto de la situación de Lejderman, insistió en que “nunca dudó” de la versión de la patrulla militar que sostuvo que sus padres se habrían suicidado con dinamita. Dijo además que “siento que falta justicia, pero también reconozco que ha habido verdad más que en otros países”, en relación con las violaciones a los DD.HH. “El primer compromiso de todos los que hemos vivido esta experiencia traumática, esta tragedia, es hablar de esto, enfrentarlo, y avanzar en verdad, en reconciliación, en perdón y en justicia.... Yo no soy ningún genocida”, sostuvo.

Tras el reencuentro público, la Agrupación de Detenidos Desaparecidos solicitó, a través de una misiva, la salida del ex militar del Consejo Directivo del Servicio Electoral. “Es una falta de respeto, ya que preside una de las instancias más democráticas que existen en el país”, dijo la vicepresidenta de la agrupación. García acudió al Servel junto a la vicepresidenta del Partido Socialista, Carola Rivero; la viuda del sociólogo degollado José Manuel Parada, Estela Ortiz, y la nieta del presidente Allende y candidata al Parlamento, Maya Fernández.

“La carta señala concretamente que Cheyre tiene que renunciar y que el ejército, a través de su comandante en jefe, se digne entregar la verdad que aún oculta sobre los detenidos desaparecidos”, sostuvo. En concreto, se refería al destino de los hijos de nueve militantes socialistas que estaban embarazadas y que se encuentran desaparecidas. Anunciaron también que solicitarán al actual comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, que abra un período de investigación en relación con la eventual entrega de niños o recién nacidos, en adopción o cualquier forma de custodia. Fuente-Alba, en tanto, ha defendido públicamente la trayectoria y responsabilidad de Cheyre.

Así las cosas, desde el Palacio de Tribunales, el abogado querellante en el caso de la Caravana de la Muerte, Cristian Cruz, anunció que solicitará el procesamiento del actual director del Servel, Juan Emilio Cheyre. Con todo, el abogado de DD. HH. Héctor Salazar, descartó que el ex militar esté involucrado penalmente en este crimen. “Ariosto Lapostol, jefe de plaza, le ordenó (a Cheyre) que tomara contacto con la Iglesia y lo hizo con el entonces obispo (Juan Francisco) Fresno, quien hizo gestiones para que lo hicieran llegar a este convento mientras se tomaban las medidas para establecer contacto con la familia del niño en Argentina”, señaló.

El tema también llegó al plano político. El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami (cuyo padre biológico también fue asesinado), solicitó la renuncia de Juan Emilio Cheyre a la presidencia del Consejo Directivo del Servicio Electoral. “Yo pido, sin odio ni venganzas, ni ánimo de ajusticiamiento, la renuncia de este ex comandante.”

Por su parte, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, afirmó que “este caso doloroso demuestra que cuarenta años después del golpe de Estado en Chile todavía hace falta un cara a cara con la justicia y la verdad. Si (Cheyre) continúa en el cargo es una decisión personal”.

Hasta ahora, la derecha no ha encarado frontalmente el tema.

Al cierre de esta edición, trascendió que Juan Emilio Cheyre, mediante una carta dirigida a La Moneda, habría determinado dejar su puesto como cabeza del Servicio Electoral. Lo anterior fue confirmado por altas fuentes del Ejecutivo y la repartición encargada de velar por los procesos eleccionarios.

@chripalma