La Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó ayer por unanimidad el fallo que ordenó la extradición de Otilio Roque Romano, el ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza procesado por delitos de lesa humanidad que huyó al país vecino el 24 de agosto de 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo y quitarle los fueros que le permitían seguir en libertad. Los jueces trasandinos ratificaron con su fallo que el ex hombre fuerte del Poder Judicial cuyano no es un perseguido político y destacaron que existen “presunciones fundadas” sobre su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Si el Tribunal Oral Federal de Mendoza accede al pedido de acumular las causas elevadas e incorporar a Romano a la lista de acusados, planteo que hoy formulará el Ministerio Público Fiscal, el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un megajuicio con casi cuarenta imputados, incluidos militares, policías y cinco ex jueces acusados de omitir, denunciar e investigar secuestros, torturas, violaciones y homicidios.

El fallo de la sala segunda de la Corte Suprema que pone punto final a la estadía de Romano en Chile lleva las firmas de Milton Juica, Hugo Domestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, quienes confirmaron la decisión que había tomado el 18 de junio el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo. El pronunciamiento confirma además la resolución tomada a principios de 2012 por el Ministerio del Interior de Chile, que al descartar “la existencia de un fundado temor de persecución” echó por tierra la estrategia de victimización de Romano, quien pretendía hacerse pasar por víctima de “una venganza de personeros de izquierda”.

Los magistrados destacaron la obligación del Estado chileno de “promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”, que incluyen “la sanción del genocidio y de los delitos de lesa humanidad”, y consideraron “idóneos” los antecedentes penales de Romano enviados por la Justicia Federal de Mendoza. Ante el pedido de la defensa para que se considerara la negativa de la Argentina a extraditar a Santiago Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán, los jueces supremos apuntaron que “el hecho que el Estado requirente se haya puesto en su momento en una situación que conllevó infringir el principio de reciprocidad no tiene como efecto que nuestro país incurra en infracción” de tratados y convenios internacionales.

El juez federal Walter Bento y luego la Cámara Federal de Mendoza, integrada por jueces subrogantes, habían procesado a Romano cuando todavía estaba en funciones como partícipe necesario en 103 casos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones, protagonizados por militares y policías cuyanos. Los delitos que omitió investigar ocurrieron entre 1975, con la aplicación sistemática de la “ley antisubversiva” 20.840, y 1983, cuando terminó la dictadura. Romano se desempeñó en aquellos años como fiscal federal y eventualmente como juez federal subrogante de Mendoza.

En su última etapa al frente de la Cámara, Romano se especializó en liberar represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de la dictadura. En paralelo, se dedicó a dilatar el proceso de destitución en su contra en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y pérdida de fueros, que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión rumbo a Chile y pidió refugio como perseguido político. Comenzó entonces la lucha de los organismos de derechos humanos y de la Justicia mendocina para extraditarlo, proceso que le valió un changüí de dos años en libertad.

El avance de las causas en ese período le permitirá a Romano compartir el banquillo de los acusados no sólo con torturadores de Fuerzas Armadas y de seguridad, sino también con viejos compañeros. En febrero llegaron al tribunal que integran Alejandro Piña, Juan González Macías y Raúl Fourcade las causas que tienen como imputados a los ex jueces Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos solicitó ayer, apenas conocido el fallo de la Corte chilena, la acumulación de causas para que Romano pueda ser juzgado a partir del 11 de noviembre en “un megajuicio con casi 40 imputados”, se esperanzó el abogado Pablo Salinas. Hoy formulará idéntico reclamo el fiscal federal Dante Vega, en representación del Ministerio Público Fiscal. “Estamos en condiciones de tener a todo el aparato organizado de poder en el banquillo. Será el juicio más importante de la provincia”, destacó el fiscal.