Desde Lima

La peligrosa concentración de los medios de prensa en manos de un poderoso grupo económico, y lo que esto representa como amenaza a la pluralidad informativa y la libertad de expresión ha saltado en estos días al centro del debate político. El presidente Ollanta Humala y el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa abrieron el debate. En una entrevista, Humala calificó como “una vergüenza” la concentración de medios que se da en el país y advirtió que era “peligrosa para la libertad de expresión”. Ese mismo día, en una entrevista publicada en el diario La República, Vargas Llosa señaló que esta situación representa “una amenaza potencial muy grande contra la democracia”. El presidente Humala dijo que compartía lo dicho por el escritor y cerró sus declaraciones con una afirmación que parecía anunciar una acción del gobierno frente a esta situación: “Por ahora no es ilegal”, dijo, al referirse a la concentración de la mayor parte de los medios en el grupo El Comercio. Pero el gobierno no ha pasado de las declaraciones del presidente a la acción.

El Comercio, que no solamente es el grupo mediático más grande del país sino un importante grupo económico con intereses en diversos sectores y grandes contratos con el Estado, tiene nueve diarios de circulación nacional y controla el 80 por ciento de la prensa escrita, es propietario del canal con mayor sintonía de la televisión abierta y del más importante canal de noticias por cable. Consolidó su dominio mediático en agosto de 2013, cuando adquirió la mayoría de acciones del grupo Epensa, propietario de cuatro diarios. Ocho periodistas han presentado una demanda judicial para anular esta operación de compra, argumentando que al producir una casi monopólica concentración de medios viola los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al pluralismo informativo. Desde el dominio mediático que tiene, el grupo El Comercio ha impuesto una línea editorial e informativa marcada por una cerrada defensa de las políticas neoliberales. A través de sus medios informativos, que tienen al diario El Comercio como su buque insignia, este grupo económico ejerce una constante presión sobre el gobierno de Humala, al que mantiene jaqueado, para que no mueva un centímetro las políticas neoliberales. El gobierno ha mostrado poca capacidad de reacción y resistencia frente a las críticas y las presiones, y en más de una ocasión ha retrocedido en alguna decisión que lo puso en la mira de los medios. El gran retroceso se dio en la primera etapa del gobierno, cuando un Humala presionado por los medios y los grupos económicos renunció a lo fundamental de su programa progresista.

“Las declaraciones del presidente Humala contra la concentración de medios parecen reflejar su hartazgo frente a la situación actual, en la que hay una especie de dictadura mediática”, le declaró a PáginaI 12 Alberto Adrianzén, sociólogo y parlamentario andino. Humala recibió como respuesta los duros ataques del conglomerado mediático, a los que se sumaron los otros medios televisivos. La oposición de derecha, muy cómoda con la línea impuesta por El Comercio, cerró filas en defensa de este grupo. Todos recurrieron al mismo discurso: acusaron a Humala de amenazar la libertad de prensa por hablar de la necesidad de regular la propiedad de los medios para evitar su concentración en un grupo económico. En el gobierno nadie salió a respaldar las declaraciones del presidente. Nadie del oficialismo defendió la postura, a la que apuntaba Humala con sus declaraciones, de que la verdadera amenaza a la libertad de prensa está en la concentración de medios y no en una eventual regulación que evite esa concentración.

“Todos le tienen miedo al inmenso poder mediático de El Comercio”, asegura Adrianzén, quien advierte de “un pacto de impunidad” entre este grupo mediático y partidos como el Apra, del ex presidente Alan García, acusado por corrupción y por indultar a centenares de narcotraficantes, y el fujimorismo, que busca presionar para lograr la excarcelación del ex dictador Alberto Fujimori, para defenderse mutuamente. “Hay que ver si Toledo también entra a la negociación de este pacto de impunidad”, señala Adrianzén. El ex presidente Alejandro Toledo también está acusado de corrupción.

En respuesta a los ataques de los medios y de la derecha, el primer ministro, César Villanueva, minimizó las declaraciones del presidente. Dijo que lo dicho por Humala era “solamente una declaración” y aseguró que el gobierno no impulsará una ley para evitar la concentración de medios. Otros ministros declararon en el mismo sentido. Humala insistió en criticar la concentración de medios, pero, sin respaldo al interior de su propio gobierno, aclaró que no tiene como una prioridad sacar adelante una ley para evitarla y pidió que el tema sea visto en el Congreso. Ahí tampoco encontró apoyo en su bancada. Voceros del oficialismo respondieron, desmarcándose del mandatario, asegurando que ellos no presentarán en el Parlamento una propuesta de ley sobre este asunto.

“Humala tiene el coraje para declarar criticando la concentración de medios, pero no tiene el coraje ni la fuerza para cambiar esa situación. Estamos ante un presidente debilitado, aislado, sin la fuerza para llevar a los hechos lo que ha declarado”, dice Adrianzén.