La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) instó ayer al consorcio GUPC a que responda a trabajadores y subcontratistas tras detener las obras, pero sin haber roto aún el contrato y, por el contrario, entregó una nueva propuesta para llegar a un acuerdo de cofinanciación. El administrador de la ACP, Jorge Quijano, señaló que, por el momento, el Grupo Unido por el Canal (GUPC) sigue al frente de las obras de ingeniería y debe hacerse responsable de los empleados y los subcontratistas, afectados por la paralización del proyecto de ampliación del canal y construcción del tercer juego de esclusas.

El GUPC, presidido por la española Sacyr, integrada por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, y la ACP fracasaron en lograr un acuerdo hasta la fecha límite prevista para el 4 de febrero, en el reclamo que hacía el consorcio de financiar sobrecostos por más de 1600 millones de dólares. El administrador de la entidad canalera rechazó hacerse cargo de esos sobrecostos que considera “injustificados” y “exorbitantes”.

La controversia desembocó en la ruptura de negociaciones entre las partes y dejó a miles de trabajadores y proveedores locales de alimentos y materiales en la incertidumbre, mientras que los sindicatos exigen a la ACP que haga cumplir las leyes nacionales. El GUPC trabajó hasta ahora con unos 300 proveedores, con los que la empresa habría acumulado una deuda millonaria por su declarada insolvencia.

El Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) dijo que durante la reunión que sostuvieron ayer por la mañana con el administrador Quijano, se les informó que todavía no se han roto las relaciones con el consorcio GUPC. “Nos dijeron que, de haber cualquier conflicto laboral, la aseguradora (Zurich) puede hacerles frente a los temas laborales”, explicó Héctor Hurtado, secretario de organización del Suntracs. De igual modo, Hurtado indicó que Quijano manifestó que, de romper relaciones con GUPC, la ACP se hará cargo de los trabajos de ampliación y garantizará que el proyecto se termine con los mismos trabajadores.

Las palabras de Quijano no fueron suficientes para el Suntracs, y Hurtado solicitó al administrador de la vía acuática enviar por escrito lo explicado en la reunión, ya que se mantienen en la incertidumbre de cómo terminará el tema de GUPC y la ACP, según el vocero de los trabajadores.

El pasado miércoles, el consorcio envió a los empleados a sus casas, con el compromiso de pagar los salarios completos de la quincena. GUPC reconoció ayer la suspensión de las obras, pero al mismo tiempo dijo haber mandado una nueva propuesta de negociación a la ACP.

Líderes de centrales sindicales advirtieron sobre la posibilidad de que 10.000 trabajadores queden atrapados en la disputa y anunciaron que se preparan para realizar manifestaciones en defensa de los intereses nacionales en la vía acuática panameña.

Por otra parte, en un comunicado remitido por el consorcio GUPC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador español, no informó de los detalles de la propuesta que formuló ayer, pero dice que ésta recoge las “inquietudes” de la ACP y que proporciona los fondos necesarios para terminar la obra del tercer juego de esclusas. “A la espera de un acuerdo que funcione para la finalización de la obra, se han suspendido los trabajos en el proyecto debido a la negativa expresa de la ACP de extender el protocolo de negociación dirigido a alcanzar una solución que permita la continuación y finalización de las obras”, señaló el comunicado.

Añadió que GUPC “propuso y acordó un protocolo de negociación con ACP para proteger el proyecto de una eventual suspensión” y de las “amenazas” de la ACP de terminación del contrato y que hasta propuso prorrogar el protocolo, pero que la ACP se negó y ese protocolo expiró. En este contexto, la Autoridad del Canal quiere poner fin a la construcción del tercer juego de esclusas de la vía en 2015, con o sin el consorcio contratista. El consorcio aseguró que, a pesar de estas circunstancias, GUPC sigue buscando un acuerdo de cofinanciación de conformidad con los contratos y las leyes vigentes.