El ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy no logró ayer que el Tribunal Supremo descartara como prueba unas agendas que le fueron confiscadas como parte de una investigación por presunto abuso de la senilidad de una anciana millonaria y que podrían comprometerlo en varias causas judiciales. Sarkozy y su defensa se escudaban en el artículo 67 de la Constitución francesa, que concede ciertos privilegios judiciales a un presidente en ejercicio a la hora de ser investigado. Pero los magistrados de ese tribunal no entraron en el fondo de esa cuestión jurídica y consideraron que el recurso en el que reclamaba sus agendas carece de sentido, pues el político conservador dejó de estar imputado por supuesto abuso de debilidad de la multimillonaria dueña de L’Oréal, Liliane Bettencourt. Esas agendas, que podrían implicar al ex presidente conservador al menos en otras tres investigaciones, podrán seguir utilizándose como prueba hasta que un imputado cuestione su uso en el marco de otra instrucción, señaló ayer el abogado de Sarkozy, Patrice Spinosi.