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El fin del díalogo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) sigue sumando tensiones a las elecciones legislativas que se realizarán el próximo domingo. Ayer fue encontrada muerta la senadora liberal Martha Catalina Daniels, luego de que fuera atacada en una ruta de la localidad de Zipacón, cercana a Bogotá. Junto a ella, fueron asesinados su conductor, Carlos Lozano, y Ana Medina, esposa de un comerciante secuestrado hace varios meses por la guerrilla y cuya liberación intentaba gestionar la legisladora. El coronel Alvaro Sandoval –jefe de policía del departamento de Cundinamarca– indicó que las primeras investigaciones señalaron a un frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera cerca de Bogotá como los autores del hecho; se trataría del mismo grupo que había contactado con Daniels para hablar sobre la liberación de rehenes. Las FARC aún no se pronunciaron sobre la acusación policial. También en Cundinamarca, se produjo ayer un enfrentamiento entre el Ejército y una columna de las FARC, que intentaba bloquear el acceso a la población de Medina.
Según el informe policial, los cuerpos de Daniels y sus acompañantes presentaban “tiros de gracia” en la cabeza y otras señales de tortura. Las autoridades mencionaron ayer que la parlamentaria salió el sábado temprano de su casa de la capital sin sus escoltas y con rumbo desconocido. “La senadora, al parecer, buscaba la liberación de los señores Ricardo Tafur y Cristhian Mauricio Rodríguez (esposo de Medina), quienes habían sido secuestrados por las FARC”, señaló un comunicado de la policía secreta colombiana (DAS). Daniels, quien ya había anunciado que no se presentaría a la reelección, alcanzó protagonismo en 1996, cuando el Congreso colombiano juzgó y absolvió al presidente liberal Ernesto Samper (1994-98) del cargo de haber aceptado seis millones de dólares de los narcotraficantes del cártel de Cali para financiar la campaña que lo llevó al poder. Por entonces, Daniels se destacó como una estrecha aliada de Samper, quien ayer se declaró “dolido y perplejo” por el asesinato. Los ministros del Interior, Armando Estrada, y de Trabajo, Angelino Garzón, rechazaron en nombre del gobierno el crimen de Daniels y llamaron a los candidatos al Congreso y a la Presidencia “a tener en cuenta las recomendaciones sobre la seguridad que les hacen los organismos competentes”.
El candidato presidencial liberal Horacio Serpa –segundo en los sondeos para las elecciones presidenciales, detrás del liberal disidente Alvaro Uribe– declaró: “A los liberales nos están exterminando. Son varios los congresistas asesinados o secuestrados. Sin duda no hay garantías para este proceso electoral”. Otro candidato presidencial, el opositor de izquierda Luis Eduardo Garzón, coincidió con la apreciación de Serpa. En este marco, muchos candidatos a legisladores limitaron sus actividades proselitistas a grabaciones de mensajes en videos y radios. Las FARC mantienen secuestrados a cinco legisladores y a la candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, raptada el 23 de febrero. Buscan presionar al gobierno para que firme una ley de canje que permita intercambiarlos por guerrilleros presos. Sin embargo, el gobierno descartó esa posibilidad.
El alto comisionado de paz del gobierno colombiano, Camilo Gómez, aseguró ayer que “triunfó la línea de guerra” en las FARC. “Dentro de las FARC pudo más la intransigencia guerrerista que la línea política. Fueron los hechos de las FARC los que llevaron a la finalización del proceso”, afirmó. A la vez, la embajadora de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, afirmó que su país “no dejará solo” al país a pesar de la negativa de George W. Bush de prestar ayuda militar contra la guerrilla vía ampliación del Plan Colombia. Patterson calificó como “débiles militarmente” a las FARC y precisó que el objetivo del gobierno “no debe ser derrotarlas militarmente, sino obligarlas a retroceder para llevarlas a la paz”. Y agregó: “Lo que dijo el presidente Bush es que la ley le fijaunos límites que él no puede transgredir. Pero también dijo que estamos haciendo lo posible ante el Congreso para readecuar las cosas. El presidente Bush no puede ordenar que usemos los helicópteros contra la guerrilla porque hay por lo menos seis comisiones del Congreso que deben consultarse para tomar una decisión de esas”. En una entrevista al diario El Tiempo, el vicepresidente y ministro de Defensa Gustavo Bell, tras reiterar la necesidad de ayuda norteamericana, intentó ser realista: “El control total de la zona de distensión es una cosa que va a tomar meses, quizás hasta años. Hay una apreciación distorsionada de lo que significa la retoma de una zona de 42.000 km2. No se trata de una guerra relámpago, como lo quiso ver la opinión pública”.
Mientras siguen las operaciones. Ayer se patrullaba una vasta zona del departamento de Nariño (en la frontera con Ecuador), en las riberas de los ríos Patía y Mira. A la vez, la policía antinarcóticos de Colombia, con el apoyo de aviones y helicópteros donados por Estados Unidos, reanudó el domingo las operaciones antidrogas en un antiguo enclave rebelde, San Vicente de Caguán. Las FARC, por su parte, aseguraron ayer que un comando conjunto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) causó la muerte de 82 paramilitares de ultraderecha y dejó heridos a otros 35 durante una campaña de nueve días de combates en las montañas de la población de Dagua y la aldea de Timba.