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La frase se repite una y otra vez en los paredones de Merlo: “Los gorilas quieren destruir la Argentina”. Las pintadas, en letras azules y blancas, se suceden a lo largo de la avenida Yrigoyen, que bordea un enorme barrio privado que se llama Los Pingüinos. Detrás del muro apenas alcanzan a verse residencias de varios pisos. Enfrente, se mezclan viviendas humildes con pizzerías, estaciones de servicio e improvisados negocios de venta de comida. El paisaje de Merlo no difiere mucho del resto del Conurbano. La pobreza convive con custodiados enclaves de prosperidad. Y la miseria avanza sobre sectores que en otros tiempos se consideraban parte de eso que algunos llaman “clase media”. En ese territorio, desde hace dos meses, apareció un inédito fenómeno social y político.
En varias localidades de la zona están surgiendo asambleas barriales impulsadas por vecinos, comerciantes y jóvenes. Al igual que en Capital, los participantes organizan comisiones y cuestionan las prácticas de los partidos políticos; en especial, las del PJ, que gobierna la mayoría de los municipios. Pero los asambleístas del Conurbano no tienen la misma suerte que sus pares porteños: reciben intimidaciones, son espiados por funcionarios municipales y, en algunos casos, hasta reciben agresiones físicas. Los hechos demuestran que la estructura partidaria del justicialismo no acepta dócilmente la irrupción de los caceroleros.
“Los vecinos no vamos a tener miedo. La gente cada vez va a venir más a las asambleas”, dice Gladys Quinteros (38), vecina del barrio Parque San Martín, uno de los más pobres del partido. Gladys es una de las organizadoras de la asamblea barrial de Merlo, y sufrió en carne propia la agresión de unos doscientos barrabravas ligados al intendente Raúl Othacehé. El viernes 22 de febrero tuvo que correr para sortear los palos, piedras y cadenazos. Jorge Valet no tuvo tanta suerte. Fue golpeado y los médicos del Hospital de General Rodríguez –los de Merlo no quisieron atenderlo, dicen que por temor– le diagnosticaron “desplazamiento de masa encefálica”. “Eran el doble de personas –cuenta Valet a Página/12–. Y cuando se me vinieron encima, en medio del pánico, sólo pensé en los chicos.” Gladys y Jorge participaron del acto en repudio a la agresión en la plaza central de Merlo que se realizó el viernes pasado, al que asistieron delegados de casi todas las asambleas barriales de Capital y provincia. “Ahora sí sentimos respaldo”, cuenta Gladys, todavía feliz.
“Esta gran asamblea es el primer paso para lograr la democratización de Merlo –se esperanza Pablo Soler, comerciante y miembro de la asamblea barrial de Padua–. Merlo es como la Catamarca de los Saadi en la época de María Soledad.” Según los vecinos, lo que sucede en Merlo es el ejemplo más extremo de cómo entiende la política un sector del PJ bonaerense. “Los que fueron a la Plaza del Sí estaban amenazados. El que no subía a los micros se quedaba sin el Plan Trabajar”, cuenta Graciela, desocupada del humilde barrio Los Aromos, y dice que varios de sus vecinos se sumaron a la movilización por temor a perder el plan laboral. “En mi barrio, una mujer administra los planes. Y, para justificarlos, tiene a tres personas trabajando en su casa.”
Pero la reacción del PJ ante el crecimiento de las asambleas no es sólo la violencia directa. En muchos casos, como en Ituzaingó, donde funcionan con regularidad dos asambleas –una en el lado norte, otra en el lado sur-, el recurso es la intimidación y el espionaje. En este distrito gobierna Alberto Descalzo, del PJ, que llegó a la intendencia a través de la agrupación 7 de Mayo luego de que Duhalde ordenara dividir en tres el viejo y enorme municipio de Morón. En este caso, las presiones de los funcionarios obligaron a los caceroleros del lado norte a cambiar su lugar de reunión. Pero el amedrentamiento sigue. “Cuando comenzaron las asambleas, en el Concejo Deliberante empezó a reunirse un grupo de gente que no participa. Están ahí, vigilando. Tienen registro de todo lo que pasa”, denuncia Ana Galmés, concejal del ARI. Como política en ejercicio, Galmés también sufrió la prédica antipolítica que circula en lasasambleas. De todas formas, el PJ local no llegó a apelar a la agresión física contra los asambleístas, aunque sí amenazó a un grupo de trabajadores municipales afiliados a ATE.
En ese clima indefinido, entre la agresión y la amenaza, las asambleas del Oeste siguen funcionando. En los primeros días de enero sólo existían en los lugares céntricos, ahora se extienden por los barrios y las más numerosas tratan de organizarse más, para vincularse con la comunidad. Se trata de las de Haedo, Morón, Castelar, Padua, Ituzaingó y Moreno, que se reúnen entre sí a través de comisiones de enlace que asisten a la asamblea interbarrial del Oeste, que funciona todos los jueves a las 20, en la plaza de Morón, frente a la municipalidad. Comienzan a armarse comisiones de salud, educación, organización y difusión. Y en algunos casos, Ituzaingó y Haedo son sólo un ejemplo, realizan acciones concretas, como una encuesta sobre la pobreza y la desocupación, en el primer caso, y la colaboración con el Hospital Posadas, en el otro.