Tres manifestantes brasileños solicitaron asilo político en el Consulado de Uruguay en Río de Janeiro, después de que un tribunal les decretara prisión preventiva luego de haber participado en las protestas contra el Mundial. La abogada Eloísa Samy acudió al Consulado de Uruguay acompañada de David Paixao y Camila Nascimento en busca de asilo, después de que una orden judicial revocara un hábeas corpus que se les había concedido a los jóvenes tras pasar cinco días en prisión, la semana pasada. Los tres fueron acusados por el Ministerio Público de “asociación ilícita” por su participación en las manifestaciones que tuvieron lugar durante los últimos meses en el país. El Instituto de Defensores de Derechos Humanos (DDH) es una organización no gubernamental creada el año pasado para defender a activistas y denunciar los abusos de las policías provinciales.

Samy fue detenida en una protesta ocurrida antes de la final del Mundial de Brasil, cuando un total de 23 activistas fueron arrestados. Paixao y Nascimento no fueron detenidos, pero también recae sobre ellos el pedido de prisión preventiva por los mismos motivos. Hasta ahora, sólo 5 de los imputados el pasado 13 de julio están detenidos y los 18 restantes siguen reclamando justicia. “Estamos siendo tratados como terroristas”, aseguró Samy en el consulado uruguayo, donde se quejó de que la semana pasada fue encarcelada como una delincuente común cuando, por su condición de abogada, debería tener derecho a un régimen especial, que la ley brasileña concede para personas con estudios universitarios. Samy indicó que decidió solicitar asilo político a Uruguay porque el presidente de ese país, José Mujica, sabe lo que es la persecución política y la fuerza opresiva del Estado. “Si no aceptan mi solicitud, me llevarán de nuevo a prisión y no tendré derecho a defenderme”, aseguró la letrada.

Según la activista, en los cinco días que pasó en la cárcel carioca de Bangú, las condiciones fueron horribles: compartió celda con otras siete mujeres, sólo les facilitaron una toalla y tres mantas para todas y no dispusieron de cubiertos para comer. Por su parte, David Paixao estuvo detenido varias veces por su participación en las protestas y siempre fue defendido por Samy, que adoptó al joven tras comprobar que no tiene familia.

La cónsul uruguaya en Río de Janeiro, Miriam Fraschini, no facilitó ninguna información sobre el trámite de la solicitud de asilo político por parte de los tres activistas brasileños. En tanto, el oficial de Cancillería del Consulado de Uruguay en la ciudad carioca, Carlos Montechiari, se negó a confirmar o desmentir la información: “No hay una posición oficial del gobierno uruguayo sobre este asunto”, afirmó el funcionario.

El magistrado Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, decretó la prisión preventiva debido a la alegada peligrosidad de los acusados que, en su opinión, suponen un riesgo para el orden público. El arresto de los activistas, antes de la final del Mundial, fue criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados de Río de Janeiro.