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La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) acusó ayer a las autoridades egipcias de cometer crímenes contra la humanidad por la masacre, perpetrada hace un año, en el campamento islamista de Rabba al Adaweya, en El Cairo, por la que el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, “debería ser investigado”. El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) a crear una comisión de investigación y exhortó a los estados a perseguir estos delitos en los tribunales de sus países, en la presentación de un informe sobre la matanza en la que se estima que murieron al menos 817 personas. La organización señaló como principales responsables a Al Sisi, que entonces era ministro de Defensa; al ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, y al responsable de las fuerzas especiales de la Policía egipcia, Medhat Menshaui.

“Hay suficientes pruebas como para justificar una investigación contra Al Sisi y los otros responsables mencionados por crímenes contra la humanidad”, dijo Roth. La presentación del informe se realizó a través de una videoconferencia después de que Egipto impidiese el domingo a Roth y a otra directiva de HRW entrar en el país. “Es la primera vez que se nos niega el acceso a Egipto, ni siquiera (sucedió) en tiempos de (el ex presidente) Hosni Mubarak”, señaló Roth.

El informe, titulado “Todo según el plan”, asegura que los asesinatos fueron sistemáticos y respondieron a lo planificado por las autoridades en los días previos al 14 de agosto, cuando fueron desalojados los acampes de las plazas cairotas de Rabba al Adaweya y Al Nahda. Los campamentos de El Cairo se levantaron en rechazo al golpe de Estado del 3 de julio, que derrocó al entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi. Roth consideró que la magnitud de la masacre es tan grande que figura en la misma categoría que la de la plaza de Tiananmen en China.

HRW acusa a las fuerzas egipcias de responder de forma desproporcionada a la amenaza que suponían los manifestantes de la plaza de Rabba al Adaweya, como demuestra el hecho de que entre decenas de miles de personas que participaban de la protesta se hallaran sólo quince armas y que ocho policías murieran en los choques.