Desde Río de Janeiro

Desde que la campaña electoral de este año fue iniciada oficialmente, a mediados de junio, y hasta el día 6 de septiembre, los partidos que disputan plazas que van de diputado estadual a diputado nacional, de senador a gobernador y, para completar, a presidente de la república, han recaudado nada menos que 500 millones de dólares.

Vale repetir: eso, hasta el primer sábado de septiembre. No se sabe cuánto habrá caído en los cofres de los partidos en las semanas siguientes, y mucho menos cuánto recaudarán las dos candidaturas presidenciales que pasen a la segunda vuelta. No es absurdo suponer que hasta el domingo 26 de octubre, cuando todo ese proceso termine, la suma total alcance la casa de siderales 750 millones de dólares.

Las reglas para realizar donaciones electorales en Brasil son claras y pasan por revisiones que buscan hacerlas más rigurosas en cada elección. La expresión “asegurar transparencia” es repetida como un mantra. Al mismo tiempo, saben todos que, al margen de las donaciones que obedecen a todas las letras de la ley, llueven en los cofres de los partidos lo que se llama de “caja dos”, traducción local para dinero negro.

Es imposible calcular el monto de esas donaciones ilegales, pero ningún analista consideraría absurdo pensar en, por lo menos, 25 por ciento del total declarado de manera legal. Esa es la fuente principal de la corrupción que alcanza, sin excepción, a todos los partidos que tienen voz y participación activas en el escenario político brasileño. Y no me refiero solamente al dinero negro: también las donaciones legales responden, de forma clara, a asegurar privilegios futuros. Basta con saber que de esos 500 millones de dólares donados hasta la primera semana de septiembre, más de la mitad tuvo origen en solamente 19 grupos empresariales. Se dona hoy para cobrar mañana, y ese mecanismo perverso es considerado parte del juego político.

El PT y la actual presidenta, Dilma Rousseff, reclaman una reforma política que, por fuerza constitucional, tendrá que partir del Congreso Nacional, prohibiendo donaciones privadas. Ocurre que ese mismo Congreso es integrado por diputados y senadores que, al fin y al cabo, son los beneficiarios de las donaciones realizadas por aquellos grupos económicos a los que beneficiarán después.

Acorde con la actual legislación electoral brasileña, las empresas pueden donar hasta un dos por ciento de los ingresos declarados en el año anterior. Las donaciones individuales tienen como tope 10 por ciento de la renta declarada. Sin embargo, no hay límites absolutos, o sea, grupos que ingresan miles de millones de dólares pueden hacer donaciones siderales sin que eso signifique más que cosquillas en sus contabilidades. Al fin y al cabo, más que donación se trata de una inversión, cuyo retorno está asegurado por el grado de influencia que esas empresas conquistan sobre los que son electos.

En el balance parcial recién divulgado, el donador más generoso es la JBS, la mayor industria de carnes del mundo, una potencia planetaria que se consolidó en las dos presidencias de Lula: unos 55 millones de dólares llovieron en las cajas de al menos 168 candidatos a diputado nacional, 197 postulantes a diputado estadual, 12 a gobernador, 13 a senador y los tres principales candidatos a la presidencia.

También los gigantescos grupos de la construcción, que suelen conquistar obras públicas de valores multimillonarios, son de una generosidad asombrosa a la hora de donar. Por razones nada ideológicas, sus dineros suelen concentrarse en los candidatos oficialistas, pero la oposición –por las dudas– también recibe su parte. Cuando surge algún fenómeno de sorpresa, como es este año el caso de Marina Silva, los recaudadores, en lugar de golpear puertas, no necesitan hacer otra cosa que sentarse y esperar por las ofertas.

Hasta fines de agosto, las mayores constructoras brasileñas donaron unos 34 millones de dólares a las campañas de los partidos y alianzas de los tres principales candidatos: Dilma Rousseff, Aécio Neves y Marina Silva.

Entre los donantes individuales, este año se observan curiosidades. Alexandre Grendene, dueño de la Grendene, que la revista Forbes dice ser la mayor fabricante mundial de ojotas, donó, hasta la primera semana de septiembre, nada menos que medio millón de dólares al Partido Comunista de Brasil. Bastante más coherente parece ser la señora Maria Alice Setúbal, una de las herederas del Itaú, mayor banco privado de Brasil. Ella donó unos 700 mil dólares al partido de Marina Silva, de quien es una de las principales asesoras.

La banca en general suele sufrir brotes de generosidad en temporadas electorales. Hasta fines de agosto, los pulpos del sector donaron unos quince millones de dólares, la mayor parte destinada a los dos candidatos de oposición.

Esa fiesta perpetúa un sistema plagado de vicios y es la matriz de parte sustancial de la corrupción irremediable que el país enfrenta. Se dona hoy para cobrar mañana. Quien más dona más sabrá cobrar.

Cada político electo contrae una deuda, y la generosidad de los donantes se transforma en apetito voraz a la hora de obtener los resultados de su inversión.