El presidente de Cataluña Artur Mas renunció a la consulta soberanista que iba a tener lugar el 9 de noviembre. En una reunión con los partidos catalanes que apoyan la consulta –Convergencia i Uniò (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquera Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y Candidatura d’Unitat Popular (CUP)–, Mas planteó la imposibilidad de llevar adelante el referéndum en los términos planteados por el decreto de convocatoria, al haber sido impugnado por el gobierno de Mariano Rajoy y suspendido en forma cautelar por el Tribunal Constitucional (TC) español. Mas y los líderes de los partidos proconsulta se reunieron ayer en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, para celebrar una cumbre secreta, aunque los medios de comunicación finalmente dieron con el lugar del encuentro. El plan de Mas pasa ahora por plantear una alternativa legal que previsiblemente hará pública hoy a las 10 hora local (5 hora de Argentina) desde el Palau de la Generalitat de Barcelona, sede del gobierno catalán, según informó en un comunicado el departamento de la Presidencia.

El líder de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Herrera, fue el primero en salir del Palacio de Pedralbes, en donde ayer tuvo lugar la tercera reunión del bloque soberanista para acordar los pasos a seguir ante la suspensión temporal de la consulta por parte del TC. Luego de casi siete horas de reunión, Herrera confirmó que el gobierno catalán consideraba improbable la realización de la consulta. Y explicó que su partido había propuesto que, en caso de no poder celebrarse el referéndum, el 9 de noviembre haya una movilización coordinada en todo el territorio catalán. El líder ecosocialista no quiso ofrecer más detalles, porque espera a que primero hable el presidente catalán en el Palau de la Generalitat. Una posibilidad que se baraja es que el 9 de noviembre se convoque a sesiones simultáneas en el Parlament y en los ayuntamientos catalanes para reivindicar el derecho a decidir. Otra alternativa es realizar a nivel de toda Cataluña una consulta como la que se celebró de forma informal en municipios como Arenys de Munt, en Barcelona. La decisión del gobierno catalán no fue bien recibida por los grupos políticos proconsulta, que abogan por seguir con el proceso soberanista y no admiten sustitutos del referéndum de autodeterminación. El gobierno regional ya había consensuado con los republicanos independentistas de ERC, los ecosocialistas de ICV y la pequeña CUP la fecha y las dos preguntas de la consulta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “¿Quiere que este Estado sea independiente?”.

Desde ERC, socios de Mas en el gobierno, pidieron al Parlamento catalán que hiciera una declaración de independencia inmediata y abriera un proceso constituyente si no hay referéndum. Los representantes de la pequeña CUP convocaron ayer a la noche a una asamblea informativa. El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, aseguró que Cataluña está determinada a canalizar sus inquietudes e ilusiones a través de la consulta soberanista, pero que si no puede ser ese día “lo conseguiremos en otra fecha posterior”.

Puig abrió así la puerta a que la consulta sobre la independencia de Cataluña pueda celebrarse en otra fecha alternativa al 9N. Consultado por el proceso catalán tras pronunciar una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, el miembro de la mesa ejecutiva del gobernante Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que respondiera de alguna manera a los reclamos de Cataluña “porque es evidente que utilizar sólo la vía jurídica para bloquear los problemas políticos y sociales no llevará a ninguna parte”, en referencia al recurso presentado en el TC para parar la consulta soberanista. “Pase lo que pase, vamos a mantener la seguridad jurídica y vamos a seguir en la Unión Europea”, dijo.

Según avances de los medios españoles, la propuesta de Mas se apoyaría en los procesos de participación ciudadana que recoge la ley de consultas catalana, aprobada recientemente por el Parlamento regional, para dar amparo legal a la consulta soberanista. Estos procesos de participación ciudadana se pueden articular a través de encuestas, audiencias públicas ciudadanas y foros de participación.

El gobierno de Rajoy impugnó en el TC parte de esa normativa, lo que podría dejar un resquicio legal a Mas para plantear una alternativa a la votación del 9 de noviembre. La suspensión del alto tribunal bloqueó el proceso soberanista del gobierno catalán, que tuvo que cancelar temporalmente la campaña institucional dirigida a impulsar la consulta y no pudo dar los pasos necesarios para organizar la votación en los plazos preestablecidos. Desde entonces, Mas negocia una salida con los partidos pro consulta, que le piden que siga adelante con el plan del 9 de noviembre, a pesar de que el presidente del gobierno catalán siempre sostuvo que no celebraría la votación sin la existencia de garantías democráticas. Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y es una de las regiones económicas más importantes de España. El movimiento independentista ganó visibilidad en los últimos años con grandes movilizaciones convocadas en la región, aunque una parte de la población está en contra de la secesión.