Tras la pericia realizada por el Conicet sobre fotografías del helicóptero en el que murió Carlos Menem Junior, y que concluyó en que no hubo balazos ni atentado, la querella que representa a Zulema Yoma cuestionará el estudio, pese a que los peritos de parte firmaron la mayoría de las actas labradas. El juez Carlos Villafuerte Ruzo analizará las objeciones, pero la pericia le da la razón a lo que ya puso en su fallo original: que en la muerte del hijo de Carlos Menem no hubo delito, es decir, no hubo atentado. Por su parte, hoy o mañana, el fiscal Matías Di Lello presentará un escrito para profundizar en la sorpresiva última declaración del ex presidente Carlos Menem, quien después de muchos años cambió su óptica: siempre dijo que no hubo atentado y ahora sostiene que sí. Todo indica que Di Lello pedirá que declaren colaboradores de Menem de aquella época en materia de seguridad. Finalmente, Villafuerte Ruzo tiene que resolver sobre los estudios médicos a realizar en el cuerpo de Junior.

La pericia en la que intervinieron los expertos del Instituto de Investigación, Luz, Ambiente y Visión de la Universidad de Tucumán y el Conicet se realizó sobre las fotografías sacadas inmediatamente después de la caída del helicóptero. El método es que se tomaron esas fotografías, se digitalizaron y en las zonas donde parecía haber rastros extraños, se aplicó una especie de zoom no sólo para agrandar los supuestos orificios sino también sus bordes. A esto último se le hizo un tratamiento microscópico sofisticado. Del proceso participaron los peritos de Zulema Yoma, Enrique Prueguer y Roberto Locles, quienes firmaron las actas, incluyendo las de las reuniones de cónclave, como se denomina a los encuentros para sacar conclusiones. De todas maneras, el estudio está siendo objetado porque, según argumentan, “hay falsedades”.

Los peritos oficiales fueron Elisa Margarita Colombo y José Fernando Barrazo, de la UNT y el Conicet. Señalaron que hay rastros de esquirlas –un concepto que asocian a golpes de piedras o de hierros, por ejemplo–, pero que no tienen características balísticas. Incluso en algún caso analizaron la eventual trayectoria de un proyectil –en una puerta interior del helicóptero–, pero concluyeron que no hay rastros en la zona por la que ese supuesto proyectil debió ingresar al aparato. A esto se agrega que compararon los supuestos orificios con fotografías de orificios reales producidos por balas en otros casos, y analizaron que no hay similitudes entre unas y otras. En algún caso, hasta mostraron que los supuestos orificios no eran tales sino deformaciones de la chapa o un drenaje del aire acondicionado.

Villafuerte Ruzo archivó la causa por inexistencia de delito, lo que fue convalidado por todos los tribunales superiores, empezando por la Cámara Federal de Rosario, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. La conclusión fue que Carlos Jr. venía piloteando el helicóptero a baja altura, jugando, y se llevó por delante los cables de alta tensión. Eso es lo que produjo la caída del aparato Bell. Sin embargo, Zulema sigue dando la pelea porque está convencida de que su hijo murió en un atentado. Por eso llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Washington, sede de la CIDH, hubo una solución amistosa entre ella y el Estado argentino, por lo que se aceptó realizar nuevos estudios y peritajes. El de imágenes, que puso en marcha el magistrado, dio también el resultado de que no hubo balazos, ni atentado.

En los últimos meses, Zulema sumó el apoyo de su ex marido, el actual senador Carlos Menem, quien dijo que, reflexionando, concluyó que su hijo y Silvio Oltra, quien también estaba en el helicóptero, fueron asesinados. El abogado de Zulema, Juan Labaqué, presentó el testimonio del ex presidente y éste después testimonió en forma personal. Sobre esa declaración parece que volverá el fiscal Di Lello: quiere que se presenten ante el juez algunos de los colaboradores de Menem en aquellos días de la muerte de Carlitos, para ver qué decía el mandatario y qué conclusiones sacaron. Es posible que Di Lello pida igualmente documentación de los servicios de seguridad e inteligencia sobre el caso.

Por último, Villafuerte Ruzo tiene que resolver sobre las cuestiones forenses. Zulema sostiene que el cráneo enterrado en la tumba de Carlitos no es el de él. Habrá que ver si este aspecto requiere de una exhumación y una nueva autopsia, pero se trata de temas delicados que el juez debe decidir. En su momento, la autopsia fue evaluada por una junta médica en la que participaron 20 forenses, entre ellos la cúpula del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema. Esa junta médica concluyó que se actuó en forma correcta en todo el proceso posterior a la caída del helicóptero, pero Zulema sigue manteniendo sus dudas y cuestionamientos.

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