Los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fueron asesinados, sostiene el sacerdote y activista de derechos humanos Alejandro Solalinde, e incluso desmintió ayer al procurador general de la República, que ha negado que alguno de los 28 cadáveres incinerados encontrados en cinco fosas corresponda a alguno de los desaparecidos.

“El Estado –al nivel que haya sido– se los llevó. Los balacearon, los asesinaron, se los llevaron y los desaparecieron. No importa si se los entregaron al crimen organizado, porque son parte de lo mismo. Esto es un crimen de Estado”, dice Solalinde.

Mientras sigue la incertidumbre y la impunidad en torno de los estudiantes desaparecidos, el gobierno federal ha tomado el control absoluto de la seguridad pública en 14 municipios del estado de Guerrero y uno más del estado de México, donde con el apoyo del ejército y la marina armada desarmaron a las policías locales.

El fin de semana, la Procuraduría General de la República (PGR) insistió en que los estudiantes normalistas fueron víctimas de los “Guerreros Unidos”, una banda del crimen organizado, cuyo líder fue capturado el jueves y a quien el propio procurador Jesús Murillo Karam le atribuye haber declarado que lo ocurrido con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue una “situación casual” que él no habría ordenado, pero a la que “tampoco se opuso”.

Hasta el momento, 68 personas han sido detenidas; de ésas, 49 son policías municipales y el resto, miembros de la banda “Guerreros Unidos”, incluyendo su líder, Sidronio Casarrubias Salgado, “El Chino”, hermano del fundador del grupo, Mario Casarrubias Salgado, “El Sapo Guapo”, detenido en abril de este año en Toluca, la capital del estado de México. Al alcalde de Iguala, vinculado al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, el Congreso del estado le retiró el fuero constitucional que lo protegía y ya es formalmente un prófugo de la Justicia.

Pero nada de eso convence a Solalinde. Mucho menos cree en la versión del procurador, que niega que los 28 cadáveres encontrados en cinco fosas correspondan a alguno de los estudiantes desaparecidos.

“Son ellos, son los estudiantes, y el Estado lo sabe”, dice Solalinde, quien desde el fin de semana ha contado la versión que recibió de estudiantes, familiares de de-saparecidos y “con algunos policías que están obligados a trabajar para el crimen organizado”. Aun más, los primeros testimonios que recabó la semana pasada provienen de un sobreviviente de los dos ataques armados contra los estudiantes normalistas. El domingo, personas “que estuvieron ahí” le confirmaron “con profusión de detalles” la misma historia: “Desde el primer momento yo supe que algunos de los muchachos que fueron atacados dos veces con armas de fuego fueron heridos y otros cayeron muertos. De ahí se llevaron a 43, pero algunos iban heridos. Se los llevaron a un lugar donde los hicieron caminar un tramo... Había varias fosas. Ahí los pusieron, algunos vivos, entre leños y madera, tablas, y los rociaron con diesel y los quemaron.”

La postura del sacerdote, director del albergue para migrantes Hermanos en el camino, en Ixtepec, Oaxaca, se refuerza con declaraciones a la prensa del Equipo Argentino de Antropología Forense que participa en la identificación de los cadáveres calcinados encontrados en fosas clandestinas en Iguala y que aún no tiene los resultados finales de su propia investigación, la cual no se conocerá hasta la primera semana de noviembre.

Solalinde acudió ayer mismo a las oficinas del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien le habría hecho llegar una invitación para escuchar personalmente su versión de los hechos ocurridos el 26 de septiembre. Un funcionario de la PGR, “muy amable”, se le acercó el viernes pasado mientras el sacerdote celebraba en plena calle, frente a la Secretaría de Gobernación, las exequias de Margarita Santizo Martínez, quien murió de cáncer luego de buscar infructuosamente a su hijo de-

saparecido desde 2009 (ver aparte). Solalinde aceptó de inmediato reunirse con Murillo Karam. El domingo volvió a encontrarse con personas vinculadas de una u otra manera con la desaparición de los estudiantes normalistas, durante una misa celebrada en la icónica Basílica de Guadalupe, una celebración religiosa en la que no lo dejaron oficiar como sacerdote y que durante la homilía ignoraron a los familiares de los desaparecidos ahí presentes.

La primera información que recibió el activista de derechos humanos fue que sólo “algunos” de los estudiantes desaparecidos habrían sido asesinados, “pero no, me han confirmado que no fueron algunos los muertos, fueron todos”, declaró Solalinde.

A 25 días del ataque contra los estudiantes, en el que murieron tres de ellos y otras tres personas inocentes, los familiares de los 43 desaparecidos sólo quieren que ya termine todo. “Nosotros ya los queremos vivos o muertos, pero los queremos con nosotros”, cuenta Solalinde que le han dicho. “Lo más terrible –lamenta– es que creo que ni eso van a tener, ni los cuerpos van a recuperar. Esos muchachos permanecerán siempre desaparecidos, porque no dejaron ni siquiera rastro de ellos.”