Los catalanes finalmente votaron y, en su mayoría, dijeron sí a la independencia. El domingo se despejó la incógnita de si la consulta convocada desde hacía casi un año por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, iba a poder llevarse a cabo y si la gente la secundaría, pese a la impugnación del gobierno de Rajoy. Un total de 2.305.290 personas confirmaron su voluntad de ejercer el derecho a decidir y el 80,76 por ciento decidió que prefiere una Cataluña separada de España.

Pero si la celebración del proceso participativo del domingo develó ciertas dudas que se arrastraban desde hace meses, al día siguiente el Estado español amaneció con muchos interrogantes nuevos. Para el futuro político, la consulta soberanista posiblemente haya significado “un gran paso”, como la calificaron sus convocantes, pero nadie sabe bien hacia dónde. El jefe del gobierno catalán anunció en rueda de prensa, apenas acabadas las votaciones, que hoy comunicaría “la hoja de ruta” del proceso por la autodeterminación, pero también anticipó que su intención era moverse en dirección de unas nuevas negociaciones con Mariano Rajoy para conseguir un referéndum con valor legal “real”. “Tenemos las mejores cartas para hacer entender al Estado que en algún momento se tiene que hacer la consulta definitiva con todas las garantías y consecuencias”, expresó. “Nos hemos ganado el derecho a un referéndum definitivo y, si puede ser, acordado y pactado”, recalcó Mas.

Cuando el president dijo “las mejores cartas” no se refería sólo a los resultados de la consulta –que dieron como vencedora a la opción por la independencia, con el 80,76 por ciento de los votos, frente al 10,07 por ciento que apoyó que Cataluña fuera un Estado, pero no independiente, y el 4,54 por ciento que se mostró en contra de la secesión de España– sino que hizo alusión al alto grado de participación ciudadana que, pese a las amenazas del poder central y las denuncias de las agrupaciones antisoberanistas, registraron los comicios.

Aunque es difícil establecer una comparación con elecciones anteriores, dado el carácter peculiar de éstas por su falta de garantías legales, por la inclusión de los mayores de 16 años y los extranjeros en el censo y porque el número de colegios electorales era casi cuatro veces inferior al de unas votaciones convencionales, algunos datos pueden arrojar luz a la hora de valorar si la consulta fue, como dijo Mas, “un éxito total”. Los llamados a participar en esta ocasión fueron alrededor de 5,4 millones de personas y la Generalitat cifró finalmente en 2.305.290 el número de votantes registrado. En los últimos comicios regionales adelantados, en 2012, la participación fue de 3.657.753 votantes y en el anterior referéndum que se hizo en Cataluña, el del Estatut, en junio de 2006, participaron 2.594.167 de los 5.310.103 ciudadanos llamados a las urnas, todo lo cual supone, en opinión de los analistas consultados, que el “pseudo referéndum” del domingo obtuvo un nivel de implicación semejante al de otras votaciones celebradas en condiciones “normales”.

Pero si bien la alta cifra de participación en la consulta del 9N dio a la causa independentista un nuevo impulso y armas de presión más sólidas para la negociación con España, dentro del conjunto de fuerzas soberanistas no hay acuerdo en que el diálogo sea el camino. Mas está convencido de que el resultado del domingo le brinda el margen necesario para intentar conseguir la autorización de un referéndum por parte del gobierno de Rajoy, pero desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su principal aliado en la convocatoria de la consulta, rechazan rotundamente esta postura.

Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, dejó claro que su partido “agotó la vía del referéndum pactado con el gobierno español” y su camino es otro: el de unas elecciones anticipadas en Cataluña. La dirigente pidió que los comicios se hagan “tan pronto como sea posible, porque no hay tiempo que perder” y aseguró que es el momento de emprender un proceso constituyente liderado por las instituciones políticas y acompañado por las entidades sociales que tanto peso están teniendo en la cruzada por la independencia. Esquerra Republicana rehúye así la segunda propuesta que baraja el equipo de Mas, que es la de acceder a adelantar las elecciones siempre y cuando todas las fuerzas soberanistas se presenten como un bloque conjunto. La formación que lidera Oriol Junqueras confía en que sin necesidad de ese pacto previo, habrá una mayoría independentista para declarar la separación de España y deja abierta la posibilidad de realizar acuerdos, después de las votaciones. Según la secretaria general del partido, lo fundamental sería constituir un gobierno “con la máxima amplitud posible”. “Estamos dispuestos a dialogar con todos aquellos que pongan sobre la mesa un proyecto de construir la independencia de nuestro país”, aseguró en declaraciones a la prensa, el lunes por la mañana.

Las presiones para que Mas llame a unas elecciones anticipadas con carácter plebiscitario –en las que, en realidad, se estaría votando entre un sí o un no a la independencia– no provienen sólo de Esquerra Republicana sino también del resto de partidos soberanistas y de las entidades civiles que encabezaron la campaña por el referéndum. “Queremos elecciones antes de marzo”, le recordó al president la número uno de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Incluso dentro de su propio partido, Convergència i Unió (CIU), el día después del 9-N, una de las dos formaciones que lo integran (Convergència) discrepó públicamente sobre los planes de Mas y anunció que considera que las elecciones autonómicas en clave plebiscitaria sobre la independencia son “más que probables” si el gobierno no mueve ficha sobre Cataluña en el plazo máximo de dos semanas.