Tras un escándalo mediático que se inició el miércoles pasado, la cadena MVS Radio rescindió el contrato de la periodista Carmen Aristegui, cuyo noticiero matutino llevaba varios años con el mayor rating nacional y cuya independencia editorial y estilo periodístico exaspera al poder político. La presidencia de México no quiso comentar este caso y declinó la petición que le hizo el diario estadounidense The Wall Street Journal, mientras que la británica BBC dijo que el despido de la periodista abre el debate sobre la libertad de expresión en el país. La revista Forbes calificó el hecho como “malas noticias para México”, además de no tener ningún sentido desde el punto de vista empresarial.

“Este es un atropello a la libertad de expresión”, consideró la propia Aristegui ayer por la mañana, a las puertas de la radiodifusora, a la que ya no le fue permitido el ingreso junto con su equipo de trabajo. En plena acera, la periodista dijo que esto es “un signo ominoso” para el país de lo que luce como “un vendaval autoritario”. Más aún, las maniobras del corporativo de medios es algo que “fue planeado con mucha anticipación, muchos recursos y mucho poder”, declaró Aristegui, en lo que ha sido hasta ahora la única reacción, más allá de anunciar que ella y su equipo “daremos la batalla”.

MVS Comunicaciones es propietaria de más de un centenar de estaciones de radio en México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, así como de una productora de televisión, cuatro canales por cable y una concesión de televisión satelital, y lleva años aspirando a beneficiarse con las reformas legales y tecnológicas en materia de telecomunicaciones. De hecho, hace cuatro años, en febrero de 2011, MVS despidió a Aristegui pretextando una violación de un código de ética que no era público, luego de reportar los señalamientos en el Congreso sobre el supuesto alcoholismo del entonces presidente, el derechista Felipe Calderón.

Aristegui denunció entonces que su despido obedecía a las presiones de la presidencia contra MVS y obtuvo la atención mundial de caso. Poco después fue reinstalada, a condición de que la división de Noticias MVS debería contar con un defensor de la audiencia. Este corresponsal de Página/12 en México diseñó tal oficina y fue el primer ombudsman de MVS.

Año y medio después, el presidente de MVS reconoció públicamente que había entregado la cabeza de Aristegui a la presidencia a cambio de obtener un multimillonario negocio en la banda de los 2,5 gHz. Cuando la administración del panista Calderón no le cumplió, Joaquín Vargas expuso las presiones recibidas para deshacerse de Aristegui.

La semana pasada, MVS inició una campaña pagando solicitadas a página entera en varios periódicos de la capital del país en las que acusó de un supuesto “abuso de confianza” y del “uso ilegítimo de recursos”, luego de que el martes Aristegui –que ganó muchísima influencia y poder– anunciara la incorporación de la Primera emisión de noticias MVS, el noticiero que dirigía y conducía, junto con su propio portal informativo, Aristegui Noticias, a la plataforma MéxicoLeaks, una alianza de varios medios para dar salida a denuncias y filtraciones ciudadanas. MVS se deslindó de ese ejercicio periodístico y durante tres días pagó espacios en los periódicos para atacar el “uso de su marca”. El viernes, la empresa despidió a dos reporteros claves en las investigaciones periodísticas y luego emitió una serie de lineamientos editoriales, laborales y profesionales a los que pretendía someter a Aristegui, los que fueron calificados como “insostenibles” por el actual defensor de la audiencia, Sosa Plata.

El viernes por la mañana, Aristegui condicionó la posibilidad de un arreglo con la empresa a la reincorporación de sus colaboradores. No hizo falta más. El domingo por la noche, MVS anunció la recisión del contrato de Aristegui y despidió a sus demás colaboradores, alegando que “MVS Radio no acepta el ultimátum de Carmen Aristegui”. El noticiero matutino de ayer lunes fue conducido por lector de noticias de fin de semana.

El despido de Aristegui ocurre cuatro meses después de la publicación del reportaje sobre una mansión de siete millones de dólares que disfruta la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, pero cuya propiedad es del principal contratista de Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México y al que ahora se le asignan obras desde la presidencia de la república. Los autores de este reportaje, los periodistas Daniel Lizárraga e Irving Huerta, fueron echados de Noticias MVS el viernes a primera hora. Integrantes de la unidad de investigaciones especiales en el equipo de Aristegui, ambos reporteros tenían en curso otros reportajes sobre una propiedad del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y la masacre cometida por el ejército en Tlatlaya, en la que alrededor de cincuenta presuntos delincuentes sufrieron una ejecución sumaria.