Para algunos, la propuesta formulada ayer por el Gobierno devolviendo parte de las retenciones a los pequeños y medianos productores debió ser resuelta antes. Sin embargo, no fue ayer la primera vez que la Federación Agraria recibe una propuesta de “segmentación” de las retenciones para beneficiar a los más chicos. En la primavera de 2009, a pocas semanas de haber asumido como titular de Agricultura y Ganadería (cuando la cartera adquirió rango de ministerio), Julián Domínguez le propuso al entonces titular de Federación Agraria Eduardo Buzzi, una alternativa similar a la actual, o por lo menos diseñarla en conjunto. “Buzzi la tuvo sobre la mesa y no la agarró, porque estaba en otra cosa”, asegura hoy uno de los que participó en aquel encuentro entre dirigentes federados y varios integrantes del equipo del ministro, algunos de los cuales habían sido los artífices del acercamiento.

Eran tiempos complicados para el gobierno de Cristina Fernández. Venía de un 2008 que había terminado con una dura derrota para la propuesta de retenciones móviles a las exportaciones de soja –el golpe final al proyecto se lo había dado su vicepresidente, Julio Cobos, votando en contra para desempatar en el Senado–, y venía de otro duro golpe en junio de 2009, en las elecciones legislativas de mitad de ese primer mandato, con la lista oficialista a diputados en Buenos Aires (encabezada por Néstor Kirchner) derrotada por la opositora encabezada por Francisco de Narváez y con varios dirigentes rurales incluidos en la tira. No eran pocos los que, desde los medios dominantes, proclamaban en forma solapada o directa “el fin del kirchnerismo”.

La reacción del Gobierno al traspié fue decidir un cambio de gabinete en el que la creación del Ministerio de Agricultura fue una pieza clave. Julián Domínguez tenía instrucciones precisas: quebrar ese malestar existente en las zonas rurales hacia el Gobierno, que había sido capitalizado por la Mesa de Enlace e invertido por ésta, a su vez, en las listas opositoras. La táctica del flamante ministro fue buscar respuestas que satisficieran las necesidades de los productores más chicos. Le fue relativamente bien en la atención de la emergencia agropecuaria en algunas zonas del interior bonaerense y entrerriano, pero no así cuando debió negociar, mano a mano con Buzzi, la oferta de segmentar las retenciones, pese a que era una de las demandas originales de los federados cuando se transitaban los primeros pasos del conflicto por la 125 (resolución que disponía las retenciones móviles, de marzo de 2008).

“La propuesta no era para la Mesa de Enlace, sino para los productores más chicos, pero Buzzi privilegió su pertenencia a la primera y la rechazó; ya estaba en otra cosa”, recuerda hoy con indisimulada amargura uno de los participantes en aquellas frustradas negociaciones.

A partir de entonces, la Mesa de Enlace, con sus cuatro integrantes, asumió una posición de confrontación política abierta con el gobierno reclamando un lugar de privilegio en el abanico opositor. Hugo Biolcati (Sociedad Rural) ocupó claramente el rol de estratega de esa entente. Buzzi, en tanto, pasó a ser la cara que legitimaba la defensa de los intereses de los sectores más beneficiados del agronegocio. Una alianza que, con subas y bajas, se mantuvo hasta que una nueva conducción de Federación Agraria decidió cambiar la estrategia.

Omar Príncipe, titular de Federación Agraria desde diciembre pasado –cuando Buzzi pegó el salto para candidatearse en Santa Fe–, es un dirigente que evita las declaraciones altisonantes, pero en pocas semanas dejó en claro que no elude las decisiones audaces. En ese breve lapso al frente de la entidad, abrió las puertas a una negociación franca con el Gobierno y obtuvo una serie de ventajas para los pequeños productores, y no sólo para los afiliados a su organización.

Quizás haya pocas formas mejor de explicar lo que significan las políticas diferenciadas, la “segmentación” de los beneficios, que las diferentes miradas sobre lo que significa la compensación para los tamberos dispuesta un par de semanas atrás (30 centavos por litro para productores de hasta 2900 litros diarios), o el estímulo de 45 mil pesos que recibirá el pequeño productor de 100 toneladas, o de 87 mil pesos por cosecha el de 300 toneladas, según lo que se anunció ayer. Mientras que para los más críticos, alineados con los intereses dominantes del agronegocios se trata de “migajas”, para los pequeños productores es una compensación vital.

También hay una diferencia de valoración a nivel de las diferentes entidades. Sociedad Rural y Confederaciones Rurales mantienen el cuestionamiento global, de trasfondo político, a favor de un “libre mercado” en el que los principales jugadores puedan decidir el reparto de la renta sin injerencia estatal. Federación Agraria, históricamente, defendió la participación estatal como regulador de intereses y como contraparte en la defensa del pequeño productor. Para las primeras, las políticas “diferenciadas” son nada más que una jugada artera del Gobierno para dividir al sector. Para los federados, en cambio, la “segmentación” es la reivindicación de una bandera que la entidad levantó desde 2007 pero que su conducción abandonó después de la pelea de 2008, en función de otros intereses. Ayer, la propuesta de “segmentar las retenciones” en boca de la presidenta de la Nación no fue escuchada como un anuncio tardío de una mandataria próxima a dejar el cargo, sino como un mojón en el camino que deberá atravesar, sin poder ignorarlo, quien comience su recorrido el próximo 10 de diciembre. Un logro fundamental, sólo posible cuando voluntad política del Gobierno e intereses prevalecientes de los dirigentes están en sintonía y coinciden en el tiempo.