El ejército mexicano es investigado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el asesinato de un niño de 12 años en un ataque contra población civil en el estado de Michoacán, en la costa sudoeste del Pacífico, y por la desaparición de al menos siete civiles en el estado de Zacatecas, en el centro del país, durante el pasado proceso electoral del 7 de julio, cuyos cadáveres fueron localizados días después. La CNDH ha desplazado a visitadores y peritos desde el Distrito Federal para revisar la actuación de los militares y de las autoridades locales y federales en ambos casos.

La participación de elementos del ejército en violaciones de derechos humanos ha polarizado al país, luego de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, y la ejecución sumaria de 22 personas en Tlatlaya, en el estado de México, apenas tres meses antes, el 30 de junio. La reacción internacional por estos crímenes aún sostiene la presión sobre la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que se encuentra en su punto más bajo de credibilidad, no sólo por la sistemática violación de derechos humanos, como acusó un informe del Departamento de Estado en Washington, sino por el ridículo mundial que le ha significado la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, apenas hace 10 días.

Dos casos más vuelven los reflectores hacia el ejército mexicano. A media tarde del domingo pasado, una partida militar atacó a comuneros de Ostula en la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila, Michoacán, y asesinó a un niño de 12 años, hirió a otros dos menores de edad y a dos adultos, luego de que por la mañana las fuerzas armadas detuvieron al líder de autodefensas de las regiones Costa-Sierra, Semeí Verdía Zepeda, a quien según la Procuraduría General de la República se le encontró en posesión de un arsenal y se le investiga por delitos electorales supuestamente cometidos el pasado 7 de junio.

Unos 300 simpatizantes de Verdía Zepeda organizaron un bloqueo en la carretera entre el puerto de Lázaro Cárdenas y el estado de Colima. Los militares llegaron poco antes de mediodía e intentaron detener a otros dirigentes comuneros. En respuesta, la comunidad retuvo a varios soldados, a quienes llevaron hasta la comunidad de Ixtapilla. Hasta allá llegó el ejército, abrió fuego sobre la población civil, asesinó a un niño de 12 años, Iriberto Reyes García, e hirió a otros dos menores de edad: Jeini Natali Pineda Reyes, de 6 años, y Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17. También fueron heridos de bala Melesio Cristino Dirsio, de 60 años, y Horacio Valladares Manuel, de 32. Todos fueron trasladados a un hospital de Tecomán, en la vecina provincia de Colima.

Mientras ocurría el enfrentamiento, el gobierno del estado negó que estuvieran ocurriendo esos hechos. Mediante un mensaje de grupo en WhatsApp se aseguró que “ni las dependencias federales ni estatales, encargadas de las áreas de seguridad, tienen reportes de hechos violentos en esa zona del estado”. En el caso de las personas desaparecidas en el estado de Zacatecas, la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció “indicios” de la participación del 97 batallón de infantería que detuvieron a siete jóvenes, cinco hombres y dos mujeres, en una vivienda del municipio de Calera. Nada volvió a saberse de ellos, sino hasta 11 días después, cuando encontraron sus cadáveres en el vecino municipio de Jerez, ya muy cerca de la capital del estado. Todos presentaban signos de tortura y tiro de gracia. La Procuraduría de Justicia Militar emitió un comunicado en el que informa que “identificó indicios de una probable participación de personal militar”.